En el candente escenario político español, se aguarda con expectación la concreción del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, en torno a la futura "Ley de Amnistía". Según fuentes republicanas, este marco legal contemplará a los controvertidos Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República (CDR), ambos bajo investigación por delitos vinculados al "terrorismo".

Jaume Asens, negociador destacado de la coalición liderada por Yolanda Díaz, resalta que, a pesar de la inicial reticencia del PSOE, se ha superado esta discrepancia, "allanando mucho el camino" hacia un acuerdo. Asens afirma que los detalles pendientes con Junts son mínimos, representando apenas un "5% del texto".

Con la investidura a las puertas, los socialistas planean registrar el proyecto de la futura "Ley de Amnistía" en las próximas horas, con la previsión de una sesión la semana próxima. Este paso sigue a una conversación telefónica entre Sánchez y Aragonés para "desbloquear los últimos detalles" de la ley y de un acuerdo que abordará "cuestiones políticas y económicas" durante la legislatura.

Ambas partes, en comunicados separados, destacan que este paso constituye un "avance decisivo" hacia un acuerdo de investidura, considerando "colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos" sobre la futura amnistía. La aprobación final dependerá de los órganos internos de ERC, incluido el "consejo nacional" y la "consulta telemática" a la militancia republicana.

Según fuentes de ERC, la clave del acuerdo radica en la inclusión de los casos relacionados con Tsunami Democràtic y los CDR en la ley de amnistía. Este desarrollo ha generado "malestar" en Junts, partido con el que los socialistas han negociado, y que se sorprendió y mostró "enfado" ante el anuncio unilateral de los socialistas sobre el acuerdo con ERC, sin tener en cuenta a Junts. El apoyo de los siete diputados de Junts es "imprescindible" para la investidura de Sánchez, intensificando la presión en las negociaciones.

Un grupo que utilizaba la violencia "en su máxima expresión"

Los detenidos en la Operación Judas fue en septiembre de 2021. No obstante, posteriormente la Sala de lo Penal le obligó a reabrir las pesquisas para practicar las diligencias solicitadas por algunos investigados.

Este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR. La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles. Compartían principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia "en su máxima expresión".

Una célula que participaba en las acciones más contundentes

Algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners.

También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.

Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones.  

Objetivos de los atentados de los CDR

De esta forma, los doce procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior".

El juez subrayaba que habrían superado los CDR hasta configurar "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Además del Parlament, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, entre las que el instructor menciona la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.