El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que pesa sobre su esposa, Begoña Gómez. La querella se fundamenta en la decisión de Peinado de interrogar a Sánchez en el Palacio de la Moncloa, en lugar de hacerlo por escrito, bajo el argumento de que los hechos por los que se le iba a preguntar tenían relación con su condición de "marido" de Gómez y no de presidente del Gobierno.

La acción legal fue confirmada por fuentes judiciales minutos después de que Sánchez finalizara su comparecencia como testigo en la residencia presidencial. En el escrito consignado por la Abogacía del Estado, se menciona que la ley ampara la posibilidad de realizar la declaración por escrito, argumentando que su comparecencia «resulta inescindible» de su cargo como presidente del Gobierno. Sánchez había insistido previamente en una carta al juez en que debía preservar el sentido propio de la institución y que su declaración debía seguir lo establecido en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Contexto del 'Caso Begoña Gómez'

El juez Peinado investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. La controversia se centra en su participación en la creación y gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés. La defensa de Gómez y la Fiscalía han alegado repetidamente que la investigación es prospectiva y general, mientras que Peinado ha aclarado en varias resoluciones que se rastrean todos los actos llevados a cabo por Gómez desde que Sánchez es presidente del Gobierno.

Querella por Prevaricación

La abogada del Estado argumenta en la querella que la decisión de Peinado de interrogar a Sánchez en persona y no por escrito constituye un abuso de funciones. «La cuestión de la responsabilidad penal del juez comienza allí donde la aplicación incorrecta de la ley no puede ser imputada a la falibilidad humana, sino al abuso de las funciones del juez», se lee en el escrito.

Carta Previa de Sánchez

En una carta remitida al juez Peinado días antes de su comparecencia, Sánchez ya había insistido en que su declaración debía ser por escrito, destacando la diferencia en la LECrim entre declarar por hechos conocidos por razón de su cargo o por hechos ajenos a su ejercicio como presidente. Esta misiva subrayaba la necesidad de garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Perspectiva Judicial

El caso ha generado un intenso debate sobre la adecuada interpretación de la ley en relación con la declaración de altos cargos. Dos magistrados han coincidido en que Sánchez debe declarar en persona debido a la naturaleza de los hechos investigados, mientras que la defensa de Gómez y la Fiscalía han mantenido que la citación debe realizarse por escrito.

Reacción en la Esfera Política y Judicial

La querella presentada por Sánchez añade una nueva dimensión a un caso ya complejo y mediático. La decisión de Peinado de citar al presidente en persona ha sido vista como un acto significativo en el contexto de la investigación, mientras que la respuesta del presidente ha planteado cuestiones sobre la aplicación de la ley y la independencia judicial. La evolución de este caso será seguida de cerca tanto por los actores políticos como por la comunidad judicial, dado su potencial impacto en la interpretación de la ley y la administración de justicia en España.