En una maniobra política que ha provocado un terremoto en la estructura fiscal y económica de España, el presidente Pedro Sánchez ha accedido a las exigencias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), permitiendo a Cataluña salir del régimen común de financiación. Este movimiento no solo entrega a ERC el control total de la Hacienda catalana, sino que también pone en peligro la solidaridad fiscal que ha sido el pilar de la cohesión económica del país.

Según el preacuerdo, Cataluña "saldrá del régimen común" y adoptará un modelo a la carta que le permitirá gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar todos los impuestos de la región. Este supuesto "concierto económico solidario" implicará una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que deberá ser ratificada en el Congreso. Esta decisión, impulsada por el gobierno de Sánchez y avalada por el PSOE, es vista como un golpe a la unidad fiscal de España.

Impacto en la Equidad y Cohesión Nacional

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha confirmado que Cataluña pagará al Estado por los servicios públicos y contribuirá con una cuota de solidaridad. Sin embargo, esta medida plantea serias dudas sobre la equidad y la distribución de recursos entre las comunidades autónomas. La salida del régimen común por parte de Cataluña no está recogida en la Constitución, a diferencia de los conciertos económicos vasco y navarro, lo que añade una capa de incertidumbre jurídica y política.

Repercusiones Económicas y Políticas

La decisión de Sánchez de ceder ante las demandas de ERC ha sido descrita como un chantaje político que compromete la integridad fiscal de España. Este acuerdo necesita ser aprobado por el Congreso, requiriendo el apoyo de partidos como Junts, BNG y Sumar. Además, genera un precedente peligroso que otras comunidades podrían seguir, erosionando la solidaridad interterritorial que ha sustentado el desarrollo equilibrado del país.

Críticas y Consecuencias 

La concesión de un concierto económico a Cataluña, en ausencia de un marco constitucional que lo ampare, socava la confianza en el sistema fiscal español. El líder del PSC, Salvador Illa, quien será investido como presidente de la Generalitat, enfrenta un escenario complicado, ya que deberá gestionar estas nuevas atribuciones en un contexto de profunda división política.

Además, la organización de una convención nacional para la resolución del conflicto político, incluida en el preacuerdo, señala un intento de mantener la tensión independentista y podría exacerbar las divisiones internas en Cataluña y en el resto de España. 

La decisión de Pedro Sánchez de otorgar a ERC el control total de la Hacienda catalana representa un quiebre significativo en la solidaridad fiscal de España. Este movimiento no solo desafía los principios de equidad y unidad fiscal, sino que también abre la puerta a un futuro de desigualdades regionales y conflictos económicos. La aprobación de este modelo requerirá una intensa negociación en el Congreso y enfrentará una resistencia significativa tanto política como social. En un momento crítico para la economía española, esta medida puede tener consecuencias duraderas y profundamente divisivas para la nación.