La crisis institucional y constitucional abierta en España es de tal calado que Pedro Sánchez se ha visto obligado a comparecer desde La Moncloa tras la decisión del Tribunal Constitucional de frenar la reforma legal impulsada por el Gobierno y aún en trámite parlamentario.

El presidente del Gobierno ha responsabilizado al PP de esta crisis, al que ha acusado de mantener durante cuatro años el bloqueo para renovar el Poder Judicial y ahora el Tribunal Constitucional. Ha anticipado también que el Gobierno tomará las "medidas necesarias" para hacer cumplir la ley y la Constitución, sin detallar cuales serán.

En una declaración sin preguntas de apenas unos cinco minutos, Sánchez ha expuesto que los distintos intentos de llegar a un acuerdo con el PP, el último a finales de octubre, han terminado sin acuerdo, pese a que se han entablado conversaciones con dos direcciones distintas de los populares. A juicio del presidente del Gobierno este hecho obedece a que se "refleja el propósito del PP de retener por medios espúreos un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas". Se refiere Sánchez a que el Poder Judicial y el Constitucional no reflejan el reparto actual de las mayorías parlamentarias y su diseño obedece a cuando el PP gozaba de mayoría.

Sánchez, al igual que hizo en la noche del lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado que el Gobierno acata el dictamen del Constitucional, pero ha insistido que no comparte la decisión. Y ha anticipado que La Moncloa no se quedará de brazos cruzados ante este revés y tomará decisiones, actuará. "Conforme a la ley y la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones de 2019".

Aquí es donde está uno de los quid de la cuestión para Sánchez. El presidente del Gobierno está muy molesto y enfadado con el PP fundamentalmente porque entiende que no respetan las mayorías salidas de las últimas elecciones y, por tanto, explican en el Ejecutivo, ponen en cuestión la legitimidad del Gobierno. Y eso es una circunstancia que Sánchez no perdona ni antes a Pablo Casado ni ahora a Alberto Núñez Feijóo.