Las elecciones celebradas el pasado 12 de mayo en Cataluña han marcado un hito en la historia política de la región al dejar al bloque independentista con su peor resultado en más de 40 años. Uno de los mayores damnificados por este revés ha sido ERC, que ahora se sitúa como la tercera fuerza con 20 escaños. Este inesperado desenlace ha llevado al que fuera presidente y candidato a la reelección, Pere Aragonès, a tomar una decisión drástica: no recoger su acta como diputado y retirarse de la primera línea política.

En palabras de Aragonès, pronunciadas durante su despedida pública: "Este resultado es un claro indicativo de la voluntad del pueblo catalán, y respeto su decisión. Es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre el futuro de nuestra causa". Esta renuncia supone un golpe significativo para ERC, que ahora debe reconfigurar su liderazgo y estrategia política en un escenario incierto.

Sin embargo, la retirada de Aragonès no significa su desaparición de la escena política catalana. Según lo estipulado en el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, el ahora exmandatario recibirá un sueldo asignado de 9.078,5 euros brutos al mes durante los próximos cuatro años, como mínimo, según ha publicado The Objective. Este beneficio, calculado como el 80% de su retribución anterior, es una medida destinada a garantizar la estabilidad financiera de los exaltos cargos después de dejar sus funciones.

El Estatuto también prevé la posibilidad de una pensión vitalicia para los expresidentes, que podrán acceder al 60% de la retribución mensual correspondiente al cargo que desempeñaron. En el caso de Aragonès, esto equivale a unos 6.808,87 euros brutos al mes, una vez cumpla los 65 años.

Es importante destacar que estos beneficios económicos tienen ciertas limitaciones y requisitos. Por ejemplo, tanto la asignación mensual como la pensión vitalicia son incompatibles con la percepción de ingresos de otro cargo público. Además, el Parlament podría revocar estos beneficios si así lo decidieran dos terceras partes del hemiciclo, es decir, 90 parlamentarios.

Sin embargo, los ingresos económicos no son los únicos privilegios a los que optará Aragonès como expresidente. También tendrá derecho a una oficina personal con el personal necesario para su funcionamiento, así como servicios de chofer y seguridad para su protección.