Lejos de mejorar, la crisis migratoria que vive Canarias con la acogida de menores migrantes empeora cada día. El Gobierno autonómico admite públicamente su incapacidad para garantizar los derechos de estos jóvenes. El desbordamiento es total, según palabras del presidente Fernando Clavijo, tras el aumento de las llegadas irregulares a las islas. Actualmente, Canarias tutela alrededor de 6.000 menores, cuando solo tienen capacidad para 3.000. En este contexto, los acuerdos entre el Gobierno y las comunidades autónomas para el reparto voluntario de estos niños y adolescentes apenas tendrán efecto en el archipiélago.

Pese al revuelo generado en torno a la Conferencia Sectorial de Infancia y la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería para crear un sistema de derivación obligatorio de menores entre las regiones, la reunión celebrada el pasado miércoles en Tenerife registró pocos avances. Las comunidades, a excepción de Cataluña, se comprometieron a asumir la acogida de 347 menores de Canarias y Ceuta, en el marco de un reparto voluntario pendiente desde 2023. Este acuerdo no supone ninguna novedad, ya que es un cupo anual establecido hace dos años y ha demostrado ser insuficiente para enfrentar el problema.

Principalmente, porque casi en ningún año se ha llegado a completar por cuestiones burocráticas o de otra índole entre las regiones afectadas, un asunto en el que Canarias también ha asumido su responsabilidad. En 2023, solo Andalucía, Aragón y Asturias asumieron sus cuotas. De modo que, pese a lo pactado y teniendo en cuenta los datos oficiales, las regiones solo han aceptado acoger al 11,5% de los menores que necesita reubicar Canarias (3.000). Esto sin tener en cuenta lo que ocurre en Ceuta, donde los centros de acogida sufren una sobreocupación del 365%.

Reforma de la Ley de Extranjería: Un Debate Estancado

El objetivo de la Conferencia Sectorial de Infancia, según señalaron en el Congreso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, era ultimar el borrador para la modificación de la ley de extranjería, acordada entre el Gobierno central y canario para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Esto implicaba convencer a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, cuyo voto es necesario para la aprobación de la nueva norma en la Cámara baja. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. El encuentro estuvo lleno de reproches entre ambas partes, según fuentes consultadas por este periódico.

Los consejeros populares, liderados por Alberto Núñez Feijóo, aceptaron el reparto voluntario, el primer punto en la orden del día, pero no entraron a debatir a fondo la propuesta de modificación de la ley, que implica el reparto de 2.500 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas, así como un sistema de derivación obligatorio cuando las capacidades de acogida de una región sobrepasen el 150%. Aunque actualmente el archipiélago canario es quien más sufre la presión migratoria, este plan está contemplado para cualquier comunidad autónoma.

Financiación Insuficiente y Demoras Burocráticas

Cabe destacar que en 2018, la comunidad que reclamó medidas urgentes por encontrarse en una situación similar fue Andalucía, tras lo que se acordaron distintos sistemas de reparto voluntario de menores. Ahora, la situación es más grave. En 2023, llegaron 40.000 personas de forma irregular a Canarias, y en lo que va de año, la cifra supera ya los 20.000. Desde las comunidades del PP, en principio, no se oponen rotundamente a la norma, pero critican que los gobiernos implicados en la propuesta les enviaran tarde el borrador y no contaran con las regiones para buscar una solución pactada.

También insistieron en la financiación, ya que la reforma no contempla ninguna partida presupuestaria concreta para las comunidades autónomas. En este sentido, desde el PP piden que se concreten más las medidas económicas para la acogida de los niños y adolescentes migrantes, no solo durante el primer año, sino también en los siguientes para asegurar una correcta integración y formación. En este sentido, piden que se equiparen con el gasto que algunas regiones ya dedican a los menores en el marco de sus sistemas de acogida. Estas cuestiones, tanto el ministro Torres como el presidente canario, se abrieron a modificar en el trámite parlamentario de la norma.

Pendientes de la Votación

La emergencia humanitaria en Canarias continúa y se prevé que a final del verano las llegadas irregulares se disparen por las condiciones del mar, como ocurrió el pasado año, y se alcance el dato de 70.000, teniendo en cuenta la crisis social, política y económica que atraviesa Mauritania, de donde proceden la mayoría de inmigrantes. Sin soluciones a corto plazo, el siguiente paso es que la propuesta de ley llegue al Congreso y salga adelante o no, dependiendo de lo que decidan los de Núñez Feijóo.

De aprobarse, la distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. Un sistema al que se han opuesto la mayoría de regiones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. La más perjudicada por este sistema sería La Rioja, a donde irían a parar la mayoría de menores extranjeros no acompañados, porque apenas acoge a una docena en la actualidad. No obstante, este sistema, fijado para el reparto voluntario, puede modificarse a posteriori de la aprobación de la nueva norma, señalan fuentes gubernamentales.