El Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa de terrorismo contra Carles Puigdemont en relación con el caso Tsunami. Esta resolución sigue la línea de la Audiencia Nacional, que también cerró el caso recientemente. La magistrada de la Sala de lo Penal, Susana Polo, acordó el martes el sobreseimiento provisional y el archivo de la investigación que involucraba a los aforados Puigdemont y Rubén Wagensberg por un presunto delito de terrorismo. Esta decisión está en concordancia con la del juez Manuel García-Castellón, quien el lunes decidió archivar el caso para los otros diez imputados. La Audiencia Nacional había anulado las pesquisas ordenadas desde el 29 de julio de 2021.

En un auto al que tuvo acceso The Objective, la juez Polo explica que su decisión se basa en la resolución de la Audiencia Nacional, la cual declaró inválidas las diligencias realizadas por García-Castellón en los últimos tres años debido a que la prórroga de la causa fue dictada fuera de plazo. Este fallo llevó al juez instructor a archivar el procedimiento respecto a las diez personas investigadas y abrió la posibilidad de tomar la misma decisión en el caso de Puigdemont.

Polo argumenta que antes del 29 de julio de 2021, no se había realizado ninguna investigación relevante que determinara la participación de los investigados en los hechos imputados. En el auto de archivo dictado por García-Castellón se establece que no se tomó declaración a ninguno de los investigados, lo que impide que las actuaciones continúen por los trámites del procedimiento abreviado.

García-Castellón remitió su resolución a la Sala de lo Penal del Supremo para su unión y otros efectos en su procedimiento de causa especial. El caso llegó al alto tribunal después de que el magistrado solicitara en noviembre investigar a Puigdemont y Wagensberg por terrorismo. En febrero, la Sala Segunda decidió por unanimidad anular las pesquisas del caso Tsunami.

Los magistrados del Supremo en su momento no tuvieron dudas de que los hechos imputados a Tsunami correspondían al delito de terrorismo. Su resolución incluía varias sentencias de terrorismo callejero que consolidan su doctrina sobre este delito. Argumentaron que, con el Código Penal vigente, dicho delito no se limita a las acciones de ETA o la Yihad. La investigación se centró en los eventos del 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto del Prat de Barcelona, donde la plataforma organizó una protesta en respuesta a la sentencia del procés. Miles de personas se concentraron en el aeropuerto, perturbando el servicio de aviación y el tráfico aéreo.

El instructor del caso Tsunami defiende que la protesta impidió el acceso de usuarios y tripulación, aisló la torre de control del aeropuerto y buscó provocar la paralización del aeropuerto y la suspensión masiva de vuelos en una situación de caos y violencia. Además, sostiene que los miembros de la plataforma emplearon instrumentos peligrosos y artefactos contra los agentes de la autoridad.

A pesar de que la teniente fiscal del Supremo rechazó elevar la causa para que el alto tribunal investigara a Puigdemont por terrorismo, la Sala de lo Penal decidió seguir la tesis de García-Castellón. Los magistrados consideraron que las conductas analizadas encajaban en los artículos 573 y 573 bis del Código Penal, al poner en peligro la integridad física o moral y alterar gravemente la paz pública.

El archivo de Tsunami se originó por el recurso presentado por Marta Rovira, exsecretaria general de ERC. Tras el cierre de la causa por García-Castellón, Rovira ha manifestado su intención de volver a España, de donde huyó a Suiza en marzo de 2018 para eludir a la justicia. Su regreso está previsto para este sábado en Barcelona.