El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, bajo el completo control del gobierno chavista, ha tomado una decisión contundente al anular la invitación dirigida a la Unión Europea (UE) para el envío de una misión de observación durante las próximas elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. Esta medida, de enorme repercusión política, encuentra su razón en la ratificación de sanciones por parte de la UE a miembros del régimen de Nicolás Maduro y al partido oficialista.

La voz oficial del CNE, representada por Elvis Amoroso, presidente del ente comicial, confirmó la revocación de la invitación a la UE, dejándola sin efecto. En sus declaraciones, Amoroso destacó que esta decisión se fundamenta en el ejercicio de la soberanía del país sudamericano. El argumento principal es el supuesto daño patrimonial causado al pueblo venezolano por las sanciones impuestas por la UE, especialmente críticas hacia los sectores más vulnerables de la población, como niños y ancianos.

A pesar de que la UE ha afirmado en repetidas ocasiones que sus sanciones están dirigidas exclusivamente a individuos y no afectan a empresas estatales ni bienes públicos, el CNE insiste en su postura, considerando estas medidas como "coercitivas unilaterales y genocidas". Amoroso ha enfatizado la demanda de levantamiento total de las sanciones por parte de la UE, señalando que permitir su participación en la observación electoral sería "inmoral".

El presidente del CNE ha acusado a la UE de practicar el neocolonialismo y la intervención en los asuntos internos de Venezuela, justificando así la negativa a su participación en el proceso electoral. Este rechazo contrasta con la aceptación de una misión de observación de la UE en elecciones anteriores, lo que genera interrogantes sobre la coherencia de la posición del gobierno venezolano.

La reacción de la UE ante esta decisión no se ha hecho esperar. En un comunicado oficial, el bloque comunitario lamentó la anulación de la invitación para la misión de observación, destacando la importancia de que el pueblo venezolano pueda elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional, incluida la de la UE.

La UE hizo un llamado al CNE para que reconsidere su decisión, recordando un acuerdo previo que establecía la invitación de una misión de observación del bloque comunitario. Sin embargo, la respuesta del gobierno venezolano aún no se ha dado a conocer.

Este acontecimiento marca un punto crítico en las relaciones entre Venezuela y la UE, y plantea dudas sobre la transparencia y la legitimidad de las próximas elecciones presidenciales en el país sudamericano. La negativa del CNE a permitir la observación internacional podría tener consecuencias significativas en el ámbito político y diplomático, tanto a nivel nacional como internacional.