La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido hoy un fallo que establece que la política de asentamientos llevada a cabo por Israel en los territorios palestinos ocupados contraviene la Cuarta Convención de Ginebra. En su decisión, la CIJ considera que estas políticas constituyen una forma de anexión ilegal, exigiendo a Israel tanto la detención inmediata de esta práctica como una restitución a los palestinos afectados.

El tribunal, que comenzó a revisar este caso en febrero de 2024 tras una solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas, señala que Israel está violando el Derecho Internacional, especialmente en lo que respecta a la explotación de recursos naturales y la imposición de leyes israelíes en los territorios ocupados. Esta demanda, presentada en diciembre de 2022, ha sido objeto de un análisis exhaustivo, aunque el gobierno israelí no participó en el proceso judicial, rechazando la legitimidad del mismo y considerando que estos procedimientos favorecen a la Autoridad Palestina, según declaraciones del Ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

Esta es la segunda vez que la CIJ se pronuncia sobre los territorios palestinos ocupados a petición de la Asamblea General de la ONU. La primera ocasión fue en 2004, cuando el tribunal determinó que la construcción del muro de separación en Cisjordania por parte de Israel infringía el Derecho Internacional y ordenó su demolición, aunque el muro permanece en su lugar.

En su reciente fallo, la CIJ subraya que Israel ha incentivado el traslado de su población a los territorios palestinos y ha legalizado asentamientos no autorizados bajo su legislación interna. El tribunal observa que la confiscación de propiedad pública para beneficiar a colonos israelíes en detrimento de los palestinos no se ajusta a los artículos 46, 52 y 55 de las regulaciones de La Haya. Además, la corte critica la falta de acción de las autoridades israelíes para prevenir la violencia de los colonos contra la población palestina en Cisjordania.

La corte también determina que las políticas israelíes están diseñadas para tener un impacto duradero en los territorios ocupados, con efectos irreversibles. Entre estas políticas se incluyen la expansión de asentamientos, la construcción de infraestructura asociada, y la imposición de la ley israelí en Jerusalén Este y en Cisjordania. La CIJ concluye que estas medidas equivalen a una anexión de partes del territorio palestino, lo que infringe la prohibición del uso de la fuerza y la adquisición de territorios mediante la fuerza.

La CIJ también ha determinado que Gaza forma parte integral del territorio ocupado desde 1967 y debe ser considerada en conjunto con Cisjordania y Jerusalén Este. El tribunal ha exigido a Israel que detenga de inmediato su política de asentamientos, revoque toda legislación relacionada y proporcione una reparación integral a los palestinos afectados, que incluye la devolución de tierras y bienes ocupados desde 1967, la evacuación de colonos y el desmantelamiento de partes del muro de separación.

Finalmente, la CIJ ha declarado que todos los Estados miembros de la ONU tienen el deber de no reconocer la situación actual como legal y de no prestar asistencia para prolongarla. El tribunal ha dejado en manos de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad la responsabilidad de decidir las medidas adicionales necesarias para poner fin a la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados.