El nuevo plan incluye nuevos estándares de transparencia, pero la publicidad institucional sigue fluyendo a medios selectos, generando controversia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un nuevo Plan de Acción por la Democracia, en un esfuerzo por enfrentar las noticias incómodas que rodean a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez. Este plan, que incluye la transposición de la ley europea de medios de comunicación, propone establecer nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad de los medios, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de medios privados. Además, busca limitar la publicidad para medios con pocos lectores y adaptar la ley de publicidad institucional.

A pesar de las intenciones del Gobierno de regular el sector, las medidas para silenciar determinadas informaciones ya están en marcha. El pasado 5 de julio, el Ministerio de Presidencia adjudicó un contrato de 280.000 euros para el suministro de periódicos y publicaciones al Complejo de La Moncloa. Este contrato, prorrogable y con un presupuesto que podría superar los 500.000 euros, ha sido entregado a Dirpubli, el único licitador.

El contrato abarca tanto publicaciones en formato papel como suscripciones digitales, favoreciendo a medios de pago y dejando fuera a publicaciones accesibles en abierto. Entre los medios más beneficiados están el Grupo Prisa con su cabecera El País, y otros destacados como El Diario, Público, La Vanguardia, El Mundo e Infolibre. En total, se prevé la compra de 62.000 ejemplares en papel y 470 suscripciones digitales, aumentando la inversión en digital respecto al año anterior.

Este contrato es parte del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2024, que contempla una inversión superior a 138 millones de euros en 162 campañas institucionales. Aunque representa una reducción del 5% respecto a 2023, sigue siendo el tercer monto más alto desde que Sánchez llegó al poder y el sexto más alto desde 2007.

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa siendo el mayor anunciante en España, con un gasto en publicidad institucional que se ha duplicado respecto a la administración de Mariano Rajoy. Desde su llegada a La Moncloa en junio de 2018, el Ejecutivo ha desembolsado al menos 332 millones de euros en publicidad institucional, casi un 93% más que los 172 millones gastados por el gobierno anterior en un período de tiempo similar.

Mientras el Ejecutivo impulsa medidas para controlar la información, los medios de comunicación se ven atrapados en una encrucijada entre la transparencia y la publicidad institucional, dejando en el aire la verdadera independencia de la información en España.