Recurso contra la intervención

David Azagra, como es conocido, ha presentado un recurso contra la orden judicial que permitió a la Guardia Civil registrar sus mensajes y los de otros ocho altos cargos de la institución. Azagra argumenta que la interceptación de estos correos vulnera derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones, un proceso con todas las garantías y la tutela judicial efectiva. Estas bases son el núcleo central del recurso presentado por su defensa.

Nuevas intervenciones de la UCO

Este jueves, agentes de la UCO regresaron a la Diputación de Badajoz para recoger información adicional sobre Azagra debido a un fallo informático que impidió la descarga completa de datos en una intervención anterior. El pasado 10 de julio, la UCO ya había estado en las instalaciones de la Diputación en el marco de una investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz contra David Sánchez Pérez-Castejón por presuntos delitos de contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

Motivos de la investigación

La intervención de la UCO se originó a partir de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que acusa a Azagra de los mencionados delitos. La jueza investiga específicamente el contrato firmado por David Sánchez con la Diputación de Badajoz en julio de 2017, donde fue contratado como coordinador de actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar. Este contrato ha suscitado sospechas y es el foco de las diligencias actuales.

Fallos técnicos y nuevas diligencias

Según fuentes cercanas al caso, los agentes de la UCO regresaron debido a un fallo técnico que impidió la correcta descarga de dos años de información relacionada con los correos electrónicos de Azagra. La intervención fue autorizada nuevamente por el juzgado después de que los investigadores constataran la existencia de espacios temporales sin contenido.

Este caso sigue siendo un punto de interés y controversia, con implicaciones tanto legales como políticas debido a la conexión familiar con el presidente del Gobierno.