La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido recurrir la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en el proceso que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. 

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado la citación de Pedro Sánchez para que declare como testigo en la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, en relación con los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. La declaración del presidente está programada para el próximo 30 de julio en La Moncloa, siguiendo los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permiten la comparecencia en el domicilio oficial del testigo cuando su testimonio no está relacionado directamente con su función.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha confirmado que recurrirá esta decisión. Según fuentes del caso, el fiscal del procedimiento planea solicitar al juez que anule la providencia que permite la citación de Sánchez. Argumentan que el artículo 416 de la LeCrim establece que el cónyuge de la persona investigada puede estar «dispensado de la obligación de declarar», aunque, en este contexto, no se puede aplicar dicho artículo hasta que el presidente se presente oficialmente en La Moncloa.

El juez Peinado considera que la declaración de Sánchez es «conveniente, útil y pertinente» para esclarecer los hechos investigados, especialmente en lo que respecta a las supuestas actividades de Begoña Gómez desde que su esposo asumió la presidencia. La investigación se centra en los vínculos de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos asociados que no han sido traspasados a la Fiscalía Europea.

La citación de Pedro Sánchez como testigo ha sido solicitada tras la decisión de Begoña Gómez de acogerse a su derecho a no declarar, recomendada por su abogado debido a lo que considera falta de garantías en el procedimiento. El mismo día, la acusación popular ejercida por Vox pidió al juez que Sánchez fuera citado para explicar los encuentros que habría tenido con su esposa y con Barrabés, aumentando así la presión sobre el proceso.

El PSOE ha calificado de «injustificada» la citación de Sánchez, destacando que esta será recurrida. La estrategia de la Fiscalía de recurrir la citación refuerza el clima de tensión en torno al caso y plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la correcta aplicación de la ley en este proceso.

Este desarrollo se suma a las recientes solicitudes de la Fiscalía para inadmitir la denuncia original presentada por el sindicato Manos Limpias y para delimitar el alcance de la investigación, que consideran demasiado amplia. A medida que la situación avanza, la figura del presidente Pedro Sánchez se convierte en un punto crucial del caso, elevando el nivel de escrutinio y la complejidad legal de la investigación.

La decisión final sobre la citación de Sánchez y el desarrollo del caso marcarán un precedente en la forma en que se manejan las investigaciones de alto perfil que involucran a figuras públicas en España.