El Partido Socialista (PSOE) se prepara para presentar próximamente en el Congreso de los Diputados una controvertida ley de amnistía, fruto de un pacto con partidos independentistas cuyo contenido ya ha sido revelado. La propuesta no ha pasado desapercibida, generando críticas tanto desde la derecha como desde dentro mismo del PSOE, manifestándose en concentraciones y protestas masivas en las calles. Este movimiento ha desencadenado la respuesta de numerosas instituciones, las cuales expresan su posición contraria, considerándolo un "ataque al Estado de Derecho en España".

Dentro del panorama político, partidos con representación parlamentaria, como Vox, el Partido Popular (PP), y Unión del Pueblo Navarro (UPN), han levantado su voz en oposición a la normativa que el PSOE planea registrar en la Cámara Baja, cumpliendo así con las exigencias de sus socios independentistas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, emitió un manifiesto el pasado domingo durante las manifestaciones en todo el país, rechazando el "desafío a la democracia" que la amnistía podría representar.

A nivel autonómico, varios gobiernos, como los de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, y la Comunidad Valenciana, han expresado su desacuerdo con el acuerdo entre el PSOE y Junts.

El poder judicial también ha alzado la voz en oposición. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto con varios Tribunales Superiores de Justicia regionales y la Comisión Permanente de los Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales de España, han manifestado su rechazo al acuerdo.

Además, numerosas asociaciones y sindicatos de funcionarios del Estado, como la Asociación de Diplomáticos Españoles, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, entre otros, han expresado su posición contraria.

Incluso, profesionales del ámbito legal, como la Asociación de Fiscales, la Asociación de Abogados del Estado, y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, se han sumado a la lista de críticos. Bufetes de prestigio como Pérez-Llorca, Garrigues, Broseta, Uría Menéndez, Cuatrecasas, y otros, también han manifestado su desacuerdo.

En el ámbito empresarial, organizaciones como la CEOE, CEPYME y ATA han expresado su posición en contra de la ley de amnistía propuesta por el PSOE. Este amplio rechazo refleja la magnitud de la controversia generada por la iniciativa política, que sigue siendo objeto de intensos debates y tensiones en la esfera política y social.