La Fiscalía de Cantabria ha decidido cerrar las diligencias de investigación que se habían abierto contra el Ayuntamiento de Santander en relación con la modificación de nombres de calles que aluden al franquismo. La investigación fue iniciada a raíz de denuncias presentadas por diversas asociaciones y plataformas dedicadas a la memoria histórica, las cuales consideraban que el Ayuntamiento estaba incumpliendo la legislación vigente al no sustituir nombres de calles vinculadas con figuras del régimen franquista, como el General Dávila o Camilo Alonso Vega.

Las denuncias alegaban que el Ayuntamiento podría estar incurriendo en un "reiterado delito de desobediencia" al no aplicar lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, que establece la obligación de retirar nombres, símbolos y referencias que exalten la dictadura. Según las asociaciones denunciantes, el incumplimiento de estas disposiciones por parte del Consistorio podría suponer una falta grave, ya que mantenía en el callejero nombres que glorifican a figuras militares del franquismo.

En respuesta a estas denuncias, la Fiscalía decidió iniciar una investigación para determinar si las acciones (o la falta de ellas) por parte del Ayuntamiento podían constituir un delito. Sin embargo, tras analizar la situación, el ministerio público ha concluido que no existe "tipicidad penal" en las conductas denunciadas. Es decir, la Fiscalía no ha encontrado elementos suficientes para considerar que la conducta del Ayuntamiento encaje dentro de un tipo penal que permita la continuación de las diligencias.

Este archivo de las diligencias significa que no habrá acciones legales contra el Ayuntamiento por este asunto, al menos bajo la premisa de que no existe delito alguno en su actuación respecto a los nombres de las calles. No obstante, el archivo de la investigación no resuelve las inquietudes planteadas por las asociaciones memorialistas, que podrían seguir presionando por la modificación del callejero a través de otros canales, como el ámbito administrativo o mediante la movilización social.

En resumen, aunque la Fiscalía ha decidido archivar las diligencias por falta de tipicidad penal, el debate sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la eliminación de vestigios franquistas del espacio público sigue vigente y podría continuar generando controversia en el ámbito local y nacional.