El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrelavega ha manifestado su profundo desacuerdo con la concesión de una subvención directa a la Asociación para la Defensa y Recuperación del Patrimonio Hortofrutícola de Cantabria, una organización que se ha destacado en los últimos años por su labor en la recuperación de variedades tradicionales de productos hortofrutícolas de la región y por su apoyo a la agricultura ecológica. La subvención, que está destinada a financiar actividades relacionadas con estos fines, ha sido motivo de controversia, ya que Vox asegura que existen informes técnicos que advierten de "graves irregularidades" en el proceso de concesión de la ayuda.

El contexto de la subvención y la labor de la asociación

La Asociación para la Defensa y Recuperación del Patrimonio Hortofrutícola de Cantabria es una organización que ha ganado visibilidad en los últimos años, principalmente por su iniciativa en la organización del Festival del Tomate, un evento que celebra la diversidad y calidad de las variedades locales de tomates cultivados en la región. Este festival, junto con otras actividades de la asociación, tiene como objetivo no solo preservar el patrimonio hortofrutícola de Cantabria, sino también fomentar prácticas agrícolas sostenibles y ecológicas entre los agricultores locales.

La asociación ha recibido elogios por su compromiso con la conservación de la biodiversidad agrícola y por promover la agricultura ecológica como una alternativa viable y sostenible en un contexto de cambio climático y globalización. Sin embargo, a pesar de estos objetivos aparentemente nobles, la concesión de una subvención directa por parte del Ayuntamiento de Torrelavega ha sido cuestionada por Vox, que asegura que el proceso de adjudicación está plagado de irregularidades que deben ser investigadas a fondo.

Las críticas de Vox y los informes técnicos

Vox ha centrado sus críticas en varios puntos clave que, según ellos, ponen en duda la legalidad y la transparencia de la concesión de la subvención. Uno de los aspectos más polémicos es la necesidad de que la asociación aporte un inventario detallado de los bienes muebles que utiliza en sus actividades. Dado que el proyecto se lleva a cabo en instalaciones que son propiedad del Ayuntamiento, Vox sostiene que existe un riesgo significativo de "confusión de titularidad". Es decir, podría no estar claro si los bienes utilizados en el proyecto pertenecen a la asociación o al Ayuntamiento, lo que podría derivar en problemas legales y administrativos en el futuro.

Además, Vox ha señalado que los informes técnicos advierten del riesgo de cesión ilegal de trabajadores. Según estos informes, la asociación carece de "base fáctica, instalaciones o enseres" propios, lo que plantea la posibilidad de que los trabajadores que participan en las actividades del proyecto puedan estar sujetos a una situación de cesión ilegal. Esta práctica, que está prohibida por la legislación laboral española, ocurre cuando una empresa o entidad cede a sus trabajadores a otra sin cumplir con los requisitos legales establecidos, lo que puede perjudicar los derechos laborales de los empleados y generar responsabilidades legales para ambas partes involucradas.

A pesar de estas advertencias, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha decidido seguir adelante con la concesión de la subvención, lo que ha llevado a Vox a cuestionar su gestión de los fondos públicos. En palabras de Roberto García Corona, portavoz del grupo municipal de Vox, "la concesión de la subvención directa en estas circunstancias genera un riesgo grave para este Ayuntamiento al no quedar delimitado que este sea simple colaborador y no promotor de la actividad". García Corona también ha subrayado la importancia de garantizar que todas las subvenciones otorgadas por el Consistorio "cumplan con los criterios establecidos en la Ordenanza General reguladora de Subvenciones con el fin de asegurar que los recursos se concedan de forma legal y justa".

El impacto de la polémica en la administración local

La controversia en torno a esta subvención no es solo una cuestión técnica o legal, sino que también tiene implicaciones políticas significativas en el ámbito local. La administración de Javier López Estrada, que pertenece al Partido Regionalista de Cantabria (PRC), ha sido objeto de críticas en el pasado por su gestión de los recursos municipales, y esta nueva polémica podría aumentar las tensiones en el seno del Ayuntamiento. Vox, que ha adoptado una postura crítica y de fiscalización rigurosa de la gestión municipal, ha encontrado en esta subvención un nuevo frente para cuestionar la transparencia y la legalidad de las decisiones del gobierno local.

La oposición de Vox no se limita a criticar la gestión específica de esta subvención, sino que también ha utilizado este caso como un ejemplo más de lo que consideran una tendencia más amplia hacia la opacidad y la falta de rigor en la gestión de los fondos públicos por parte del Ayuntamiento de Torrelavega. García Corona ha señalado que "no se puede permitir que el dinero de los vecinos se destine a actividades para amiguetes saltándose el procedimiento legal establecido". Esta acusación refleja una preocupación más profunda por la gestión de los recursos municipales y por la necesidad de garantizar que todas las subvenciones y ayudas se otorguen de acuerdo con los principios de legalidad, equidad y transparencia.