Un personaje como Pedro Sánchez, que nunca ha ganado unas elecciones pero que desde que se hizo con el poder a través de una moción de censura ha sido capaz de sobrevivir a todo tipo de situaciones a cual más complicada, nunca debió pensar que quien iba a poner en riesgo la continuidad de su carrera política podría ser la persona que tenía más cerca: su esposa, Begoña Gómez.

La señora Gómez ha sido citada a declarar el próximo día cinco de julio por el juez que investiga un caso de presunta corrupción en el ámbito privado por tráfico de influencias. Ante semejante escenario y por una exigencia mínima de decoro, parecería obligado que el presidente del Gobierno hubiera comparecido ante la opinión pública para dar una explicación. En una rueda de prensa abierta a todos los medios. Pero no ha sido ese el camino escogido por quien tantas veces exigió la dimisión de otros políticos en casos en los que aparecían sombras judiciales sobre algún familiar o allegado. Sánchez emplazó a dimitir a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, cuando trascendió que un hermano suyo había sido investigado -y absuelto- en el caso de la compra de mascarillas. Exige a los demás lo que no se exige a sí mismo.

Que su respuesta ante la citación judicial a su mujer haya sido una “carta a los ciudadanos" en la que acusa al juez de interferir en la política por no haber esperado a que pasaran las elecciones europeas, dice poco en orden al exigible respeto a las decisiones judiciales. En parecido registro habría que incluir el señalamiento a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, a quienes acusa de intentar “quebrarle” en el plano personal y político para forzar su dimisión mediante una hipotética moción de censura -moción que califica de moción “contra natura”. Resulta irónico que lo diga quien hace seis años llegó a la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura urdida por Pablo Iglesias (Podemos, extrema izquierda) contando con el PNV (derecha confesional) y con el apoyo de los partidos separatistas.

Su “carta a la ciudadanía” resulta patética y delata un estado de cosas que resulta inquietante. No hay que olvidar que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de un país en el que la separación de poderes es uno de los pilares del Estado de Derecho y en el qué el señalamiento a los jueces no forma parte de los usos democráticos.