Santander, 10 ene (EFE).- La Audiencia de Cantabria juzga este jueves a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven a la que había conocido esa noche y para el que la Fiscalía pide una condena de prisión de once años y medio.

Según ha relatado el Ministerio Fiscal, el acusado acordó con ella, siendo ya el amanecer, que esta "iría a su casa a dormir" y le "dejó claro" que no iba a tener relaciones sexuales con él, según recoge el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

De acuerdo a la Fiscalía, al meterse a dormir en la misma cama en el domicilio, el hombre "por la fuerza y pese a las continuas negativas" de la mujer, "le quitó el pijama y, tras colocarse encima de ella inmovilizándola, tras un forcejeo, la penetró vaginalmente en dos ocasiones y en una analmente, tapando el acusado a la mujer la boca para que no chillara, y sujetándola de los brazos".

A las diez de la mañana del día siguiente, el acusado llevó a su domicilio a la mujer, que de acuerdo al ministerio público, "estaba en estado de shock".

Esa misma mañana, comunicó a sus amigas que el acusado "la había violado", dos días después acudió con una de ellas al hospital y un día más tarde presentó una denuncia.

La fiscalía considera los hechos un delito continuado de agresión sexual y pide una condena de once años y medio de prisión y de prohibición de comunicar y acercarse a la víctima durante un periodo de diez años, así como de una medida de libertad vigilada durante diez años tras la pena de prisión.

La acusación particular que ejerce la víctima pide doce años de cárcel, prohibición de comunicación y aproximación de diez años; inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y para profesión, industria y comercio; e indemnización de 10.000 euros por los daños morales causados, "atendiendo a las secuelas psíquicas y físicas derivadas de estos hechos delictivos que arrastrará la víctima durante toda su vida".

CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Además, la Audiencia provincial juzga este martes al responsable de un bar de Laredo acusado de de tener empleadas a ocho personas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y por lo tanto, en una situación irregular.

Según el escrito de la Fiscalía, tras la visita de Inspección de Trabajo, los trabajadores fueron regularizados y solicita una condena de tres años de prisión y 2.160 euros de multa para el acusado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La pena solicitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejerce la acusación, asciende a dos años de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación para ejercer como administrador de industria o comercio por un periodo de dos años. EFE

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