Seúl, 13 (EFE).- El informe anual de Human Rights Watch (HRW) publicado hoy critica la discriminación "constante" en Corea del Sur contra mujeres, personas LGTB o inmigrantes, además de la "draconiana" legislación contra la difamación o la polémica y estricta ley de seguridad nacional.

El texto, que repasa la situación global de los derechos humanos en 2021, señala que, aunque Corea del Sur es una "democracia establecida que respeta mayormente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales", aún siguen existiendo "importantes preocupaciones en materia de derechos humanos".

La discriminación contra mujeres y niñas es "generalizada", apunta el texto, que recuerda que la brecha salarial por sexo es del 31 %, la mayor de toda la OCDE.

Pese al avance de los movimientos feministas en los últimos años, el año pasado varios acontecimientos subrayaron la incomprensión y ataques que sufre esta corriente a diario en Corea del Sur.

Entre ellos se pueden destacar episodios como la elección como presidente del principal partido conservador de Lee Jun-seok, político que asegura que los surcoreanos son víctimas de "discriminación inversa".

Lee ha espoleado a movimientos que demonizan al feminismo y ha pedido el cierre del Ministerio de Igualdad y Familia, una institución que el 52 % de los surcoreanos quiere abolir, según las encuestas.

Esos mismos movimientos antifeministas son los que en las redes atacaron y acusaron de misandria a la tiradora con arco An San tras lograr en Tokio 2020 tres oros.

El informe denuncia, además, asuntos que HRW ha documentado exhaustivamente, como la popularidad del "molka", vídeos íntimos que se distribuyen o graban sin consentimiento y que circulan abiertamente por webs surcoreanas.

También la discriminación y el maltrato generalizado de personas LGTBI, especialmente en las aulas escolares.

Critica también los problemas en materia de libertad de expresión con la reciente aprobación de una ley que impide el envío de globos a Corea del Norte con información contraria al régimen por parte de activistas desde el Sur o la ley antidifamación, que puede suponer hasta siete años de cárcel.

Condena asimismo el refuerzo de la controvertida Ley de Seguridad Nacional, que desde 1948 "criminaliza la diseminación de cualquier cosa que el Gobierno clasifique como 'propaganda' norcoreana", pero que también prohíbe de manera muy vaga cualquier "organización antigubernamental".

Por último, el texto censura que el Gobierno del liberal Moon Jae-in haya suavizado sus críticas a las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte y que desde 2019 haya dejado de copatrocinar las resoluciones anuales de la ONU en este terreno. EFE

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