Moscú, 31 ene (EFE).- Memorial, la organización de derechos humanos más importante de Rusia, recurrió hoy su liquidación ante el Tribunal Supremo al considerar que, al disolver la ONG, Moscú incumplió sus compromisos internacionales.

Memorial pide al Supremo que revise su decisión y rechace la petición de la Fiscalía, que exigió la disolución fulminante de la organización que vela por los derechos de los represaliados durante la Unión Soviética y que se consumó a finales de diciembre pasado.

En su recurso, la ONG considera que la propia ley rusa sobre organizaciones no gubernamentales que restringe su labor con toda clase de trabas es una violación del derecho internacional.

El fallo es “desproporcionado”, ya que la negativa a identificarse como agente extranjero por recibir financiación del exterior no es una infracción ”grave”, según Memorial.

Además, recuerda que ya pagó las correspondientes multas en metálico por dicha infracción, por lo que el proceso judicial para su disolución nunca debió de haberse iniciado.

El pasado 28 de diciembre el Supremo ordenó la disolución del Memorial por sistemática violación de la ley sobre agentes extranjeros, tras lo cual, al día siguiente la Justicia ordinaria hizo lo mismo con la filial de derechos humanos de dicha organización, fallos que desataron una unánime condena internacional.

"Es una cuestión de deformación profesional, (el presidente ruso Vladímir) Putin, como buen agente de los servicios secretos, no cree en una sociedad civil independiente", comentó entonces a Efe Alexandr Cherkásov, director de Memorial.

La Fiscalía acusó a la ONG de crear "una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista".

Mientras, Memorial acusa al Kremlin y a los órganos de seguridad del Estado, en particular al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), de intentar impedir que siga investigando los crímenes cometidos durante la URSS.

Fundada formalmente en 1991, entre otros, por el disidente y científico Andréi Sájarov, cuenta con una base de datos con más de tres millones de víctimas de las represiones soviéticas, de un total de 12 millones.

Además, dispone de un museo dedicado al GULAG o red de campos de trabajo soviéticos y un archivo con 41.000 verdugos que trabajaron para el NKVD, precursor del KGB, durante las purgas estalinistas.

Los activistas también acusan a Putin de intentar ocultar los crímenes del Estado perpetrados desde que él llegara al poder (1999), empezando por la segunda guerra chechena. EFE

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