Madrid, 7 feb (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional aborda a partir de mañana el recurso de Vox contra la llamada ley "rider", que prohíbe que las plataformas digitales puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores.

La ley rider" entró en vigor el pasado agosto una vez cumplidos los tres meses de plazo otorgados a las empresas del sector para adaptarse a la normativa, que pretende acabar con el uso de falsos autónomos como repartidores obligando a contratarlos como asalariados.

Vox interpuso un recurso de amparo asegurando, por medio del diputado Juanjo Aizcorbe, que esta legislación acabará haciendo que los "riders" sean subcontratados y no dejen de ser precarios.

Además, el partido de Santiago Abascal censuró "las formas" del Ejecutivo, que inicialmente pretendía aprobar la norma vía decreto ley, y le reclamó sentarse con las plataformas que utilizaban a autónomos como repartidores -como Deliveroo, Glovo, Stuart o Ubereats- y con los propios "riders" para conocer sus argumentos.

Aizcorbe recordó que en otros países europeos ya se está abriendo un debate sobre la figura del "autónomo digital", mientras que en España se ha optado, a su juicio, por un camino que "puede suponer más miseria y paro" para el colectivo de repartidores.

En el orden del día figura también el recurso del expresidente de la Generalitat Quim Torra contra la sentencia del Supremo que confirmó la condena de año y medio de inhabilitación por desobedecer de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central que le obligó a retirar las pancartas de apoyo a los presos del "procés" de edificios públicos en la campaña electoral del 28-A.

El TC entrará a resolver el fondo del recurso una vez que ya rechazó hasta en tres ocasiones los intentos de Torra para que suspendiera cautelarmente su ejecución hasta resolver el amparo.

Se tratan, en ambos casos, de deliberaciones de sentencias nuevas que tiene previsto abordar el pleno, que arrancará retomando los recursos que quedaron pendientes de resolver del pleno anterior.

Uno de ellos es el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, de enero de 2021, que, en opinión de ese partido, ampara y legaliza la okupación de viviendas.

En concreto, el PP rechaza la disposición que suspende el desahucio y los lanzamientos de personas económicamente vulnerables cuando no tengan alternativa habitacional, una posibilidad que solo se aplicó durante el estado de alarma por la pandemia.

Los recurrentes consideran que el real decreto incumple el artículo 86.1 de la Constitución y supone una vulneración del derecho a la propiedad y del derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.

También se debatirá la Ley catalana de protección y ordenación del litoral, de la que había suspendido una parte al admitir el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo contra la norma autonómica que desde 2020 otorgaba a los ayuntamientos competencias en el plan de uso del litoral y playas.

Sin embargo, el tribunal levantó la suspensión el pasado septiembre cuando estaba a punto de vencer el plazo de cinco meses que marca la ley para que se pronuncie sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de dos artículos que fueron recurridos el pasado mayo por el Gobierno.

Además, el tribunal deliberará una sentencia de la magistrada Maria Luisa Balaguer sobre un recurso de Ciudadanos contra el Acuerdo de la Mesa del Parlament de Cataluña de 25 de septiembre de 2019, por el que se reivindicó la amnistía de los condenados por el proceso independentista catalán. EFE

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