En 2024, la comunidad autónoma de Cantabria ha enfrentado una situación cada vez más crítica en cuanto a los ataques de lobos a las explotaciones ganaderas. Los datos recopilados por la Consejería de Desarrollo Rural revelan un aumento significativo en el número de incidentes, con más de 1.300 ataques reportados, lo que ha generado daños económicos que superan los 680.000 euros. Este incremento, según señalan las autoridades locales, es reflejo de una tendencia que se ha venido observando en los últimos años, donde la frecuencia y severidad de los ataques de lobos han aumentado, afectando profundamente a la economía rural de la región.

De acuerdo con el informe presentado por la Consejería, desde enero hasta junio de 2024 se han abierto 1.308 expedientes relacionados con ataques de lobos, de los cuales 1.163 han sido verificados con daños, lo que representa una suma de 680.811 euros en compensaciones solicitadas por los ganaderos afectados. Pablo Palencia, consejero de Desarrollo Rural, ha destacado que el trabajo de verificación y tramitación de estos expedientes es continuo, dado que la entrada de nuevos casos no se detiene, y el personal administrativo y técnico está permanentemente dedicado a gestionar esta situación.

Dentro de los expedientes tramitados, la mayoría (un 60,7%) ya ha sido enviada a las aseguradoras, lo que ha resultado en un desembolso de 495.876 euros en concepto de indemnización. Sin embargo, aún quedan 12.561 euros pendientes de pago debido a que 19 de los expedientes superan la cuantía límite de 1.500 euros, lo que ha retrasado su tramitación. Además, hay otros 239 expedientes que, aunque han sido enviados a las aseguradoras, todavía no han sido abonados, lo que representa una suma adicional de 8.441 euros. Asimismo, existen 129 expedientes que, a pesar de haber sido instruidos, no han sido remitidos todavía, sumando otros 93.932 euros que aún no han sido procesados.

El Contexto de los Ataques en Cantabria y su Comparativa Histórica. El aumento en el número de ataques no es un hecho aislado, sino que se inserta dentro de una tendencia más amplia observada en los últimos años. Para poner en contexto la situación actual, es relevante señalar que en 2023 se tramitaron un total de 2.300 expedientes, con daños que sumaron 1,48 millones de euros. Este número fue significativamente superior al registrado en 2022, cuando se abrieron 1.632 expedientes por un total de 786.199 euros en compensaciones, y también superó a 2021, año en el que se contabilizaron 1.040 expedientes con un valor total de 375.000 euros.

En comparación con los datos de 2020 y 2019, la situación ha mostrado una escalada constante. En 2020, se registraron 948 ataques con un coste de 477.543 euros, y en 2019, los ataques sumaron 994 con un impacto económico de 442.742 euros. Estos datos evidencian no solo un aumento en la frecuencia de los ataques, sino también una creciente gravedad en los daños reportados por los ganaderos, lo que ha generado una presión significativa sobre el sistema de compensaciones y ha incrementado la demanda de medidas más efectivas para gestionar la coexistencia con los lobos.

La Gestión del Lobo Ibérico

La gestión de la población de lobos en Cantabria y en el noroeste de España ha sido objeto de intenso debate, especialmente desde que el Gobierno central decidió, en septiembre de 2021, incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). Esta medida, que prohíbe cualquier forma de control letal sobre la especie, fue adoptada sin el consenso de las comunidades autónomas más afectadas por la presencia del lobo, como Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León. Estas regiones concentran el 95% de la población de lobos en España y han argumentado que la decisión del Gobierno central no tuvo en cuenta las realidades locales ni las implicaciones para la economía rural.

Los gobiernos regionales de estas comunidades han expresado su descontento, señalando que la inclusión del lobo en el LESRPE ha limitado severamente su capacidad para gestionar los conflictos entre la fauna silvestre y las actividades ganaderas. En Cantabria, por ejemplo, la gestión de los ataques de lobos ha pasado a ser un tema prioritario, con la Consejería de Desarrollo Rural explorando diferentes estrategias para mitigar los daños, incluyendo la autorización de medidas de control poblacional que permiten la caza selectiva de ejemplares.

Sin embargo, estas medidas han suscitado controversia. Por un lado, los ganaderos y las organizaciones agrícolas han apoyado estas acciones, argumentando que son necesarias para proteger sus medios de vida y asegurar la viabilidad de las explotaciones ganaderas. Por otro lado, las organizaciones conservacionistas han criticado las medidas letales, abogando por alternativas no letales que podrían incluir la mejora de las infraestructuras de protección, como vallados y perros guardianes, así como el uso de tecnología para disuadir a los lobos.

Implicaciones Económicas y Sociale

El impacto de los ataques de lobos en Cantabria no se limita a los daños económicos directos. La frecuencia y gravedad de estos ataques también tienen profundas implicaciones sociales, especialmente en las zonas rurales donde la ganadería es una actividad clave para la economía local. Los ganaderos afectados han reportado no solo pérdidas económicas, sino también un aumento en el estrés y la incertidumbre, ya que los ataques pueden afectar gravemente su sustento y el bienestar de sus familias.

Además, el sistema de compensaciones, aunque efectivo en muchos casos, ha sido criticado por su lentitud y por no cubrir siempre la totalidad de las pérdidas sufridas. La complejidad del proceso de verificación y tramitación de los expedientes ha sido señalada como un obstáculo, lo que ha llevado a algunos ganaderos a cuestionar la eficacia del sistema actual. La Consejería de Desarrollo Rural ha reconocido estos desafíos y ha señalado que se están tomando medidas para agilizar los procesos y asegurar que los pagos se realicen de manera oportuna.

La Posición del Gobierno Regional y las Expectativas Futuras. Frente a este panorama, el Gobierno de Cantabria ha reforzado su compromiso con la defensa de los intereses de los ganaderos y la sostenibilidad de la actividad rural. Pablo Palencia ha subrayado la necesidad de una gestión equilibrada que permita la coexistencia entre los lobos y las actividades humanas, pero que también proteja adecuadamente los derechos y el bienestar de los ganaderos.

En este sentido, Cantabria ha liderado esfuerzos para coordinar acciones con otras comunidades autónomas afectadas y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central revise su enfoque hacia la gestión del lobo, considerando las particularidades regionales. De cara al futuro, las expectativas son variadas. Mientras que algunos sectores abogan por un mayor control de la población de lobos, otros insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de conservación y promover la convivencia a través de soluciones innovadoras.

Lo que queda claro es que el desafío de gestionar la relación entre los lobos y las comunidades rurales en Cantabria seguirá siendo un tema central en la agenda política y social de la región. En conclusión, la situación en Cantabria refleja las complejidades inherentes a la gestión de especies protegidas en regiones donde su presencia entra en conflicto con actividades humanas esenciales. La combinación de consideraciones ecológicas, económicas y sociales exige un enfoque multidimensional que equilibre los intereses en juego y promueva soluciones sostenibles a largo plazo.