El juzgado que instruye la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria que implica a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria levantará mañana viernes el secreto de sumario, por lo que el Ejecutivo regional espera tener más información para poder tomar decisiones con el fin de depurar responsabilidades sobre las presuntas irregularidades relacionadas con el servicio de mantenimiento de carreteras.

Así lo ha dicho este jueves el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, que asegura que el Gobierno solo conoce sobre la investigación lo que han publicado los medios de comunicación, por lo que «es pronto para avanzar los pasos» que dará en torno a los implicados.

En este sentido, ha indicado que ayer se han producido ocho detenciones en Cantabria y en Madrid, y solo uno de los detenidos es funcionario del Gobierno regional, si bien no ha confirmado si se trata del jefe de Conservación de Carreteras.

«Sabemos que hay un funcionario», que ya habría tomado declaración ante la Policía y la Agencia Tributaria, pero «no sabemos más», ha asegurado Zuloaga, que también ha dicho desconocer las empresas implicadas en la operación, en las que ayer se hicieron registros como también ocurrió en varias dependencias de la Consejería y en domicilios particulares.

Por ello, se ha remitido a mañana esperando tener «más elementos de juicio» para comprender una circunstancia «absolutamente difícil de explicar en una administración pública transparente y garante como es el Gobierno de Cantabria».

«Mañana (por hoy) se levanta el secreto de sumario y sabremos hasta donde llega la investigación». «La realidad a día de hoy la conocemos a través de los medios», ha insistido Zuloaga a preguntas de los medios por el caso tras la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

De hecho, ha señalado que, al no tener conocimiento oficial de las empresas investigadas, por el momento el Ejecutivo «trabaja con normalidad» con respecto a los contratos. Además, y dado que entre los acuerdos del Consejo figuran algunas actuaciones en carreteras, ha aclarado que los contratos de este 

departamento por ahora no se van a suspender sino que «tienen que seguir su normal funcionamiento, si cabe con mayor control», porque los trabajos son «absolutamente necesarios» para mantener unas condiciones de seguridad en las carreteras, especialmente ante las nevadas e inclemencias meteorológicas que se están produciendo.

Cuestionado por si este asunto se ha abordado en el Consejo y si se han pedido explicaciones al consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, el vicepresidente ha señalado que las deliberaciones que se producen en estas reuniones «son secretas».

Sí ha señalado que el estado del consejero es de «máxima preocupación», y que la postura del Gobierno es de «absoluta colaboración» con

la Justicia y «máxima transparencia» para esclarecer lo sucedido, además de que los miembros del Ejecutivo ya vienen desde ayer hablando con Gochicoa para entender lo que sucedía a raíz de que a primera hora de la mañana se personaran en la sede de la Consejería agentes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional precintaran algunos despachos del servicio de mantenimiento de carreteras.

Además, ha avanzado que tanto el consejero como el presidente, Miguel Ángel Revilla, tendrán la oportunidad de dar «todas las explicaciones» en el Parlamento tras las peticiones de comparecencia que han registrado varios partidos.

Finalmente, preguntado sobre si cree que el estallido de este caso tiene que ver con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, lo ha negado explicando que una investigación como ésta depende de las decisiones de la jueza que lleva el caso. «Eso son circunstancias de los tiempos». «No depende del momento del año, sino de cómo madura la investigación y de que la jueza responsable permita las acciones que hemos visto ayer», ha dicho.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa ha asegurado que su departamento trabajó ayer con normalidad, tras los registros del pasado miércoles, y no cree que exista «ningún motivo para pensar» que la situación con el jefe de servicio de su Consejería detenido sea «extensivo» a más personas de la Consejería.

En declaraciones a los periodistas en una visita al municipio de Ruesga, Gochicoa ha insistido en que, «de momento», el único implicado de su Consejería en los supuestos contratos irregulares de carreteras es ese funcionario que está detenido.

«No tenemos ningún motivo para pensar que se haya hecho extensivo», ha subrayado y asegurado que, aunque no se podrán emprender acciones contra ese funcionario hasta que no se levante el secreto de sumario, sí se puede retirar a ese funcionario la responsabilidad de los contratos de conservación en primera instancia.

El consejero cántabro de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha vuelto a hablar, como ya hizo el miércoles, de la operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por supuestas irregularidades en contratos del servicio de carreteras de la Consejería, que llevó al registro de ese departamento, de varias empresas y domicilios y a la detención de ocho personas, una de ellas ese jefe de servicio de la Consejería.

El funcionario tiene un nivel de gestión importante. José Luis Gochicoa ha reconocido que este jefe de servicio tiene «un nivel de gestión importante», por lo que ha reiterado en la importancia de que ya no cuente con esa responsabilidad, pero ha matizado que no se puede retirar a esa persona su condición de funcionario.

Ha añadido que sí se puede incoar un expediente sancionador contra ese funcionario para cesarle del cargo, si hay algo «contra esa persona» para ello, aunque también ha dicho que «ahora mismo no hay nada» contra ese funcionario para adoptar esa decisión.

Llevaba «contratos importantes». Ha especificado que este funcionario detenido se ocupaba de «6 u 8 contratos» anuales del servicio de conservación y ha adelantado que la Consejería pondrá a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que lleva la causa, la información sobre una decena de expedientes que aún no se han adjudicado.

Sobre los registros de este miércoles, ha confirmado que el funcionario detenido acudió a mediodía a la Consejería con agentes de la Policía Nacional.

Y ha añadido que le «fastidiaría» que tras este suceso se tenga la percepción de que los funcionarios de la Consejería «trabajan para intereses particulares». «Estoy convencido de que esto no es así», ha aseverado.

Obras públicas estudia abrir un expediente al empleado detenido. 

La Consejería de Obras Públicas apartará al funcionario detenido por presuntas irregularidades de la gestión de los contratos de mantenimiento de carreteras de los que estaba al frente, además de que está estudiando si

es posible abrirle un expediente sancionador para que se le retire la condición de funcionario.

Y es que la Consejería no puede apartarle del cargo directamente al haber accedido mediante un concurso público, pero sí puede encargar los contratos que gestionaba a otra persona para evitar que, si queda en libertad, vuelva a su gestión con normalidad. «Si al funcionario le dejaran en libertad, él volvería a su puesto de trabajo; es funcionario y por lo tanto nosotros esa condición no podemos suprimirla. Lo que sí podemos hacer y vamos a hacer de forma prácticamente inmediata es que en todos aquellos contratos en los que estuviera como responsable del contrato, evidentemente modificarlo», ha dicho este jueves el consejero del área, José Luis Gochicoa.

«Yo no le he puesto ahí», ha aclarado el titular de Obras Públicas para explicar que quitarle de su puesto como funcionario requiere un procedimiento sancionador que, además, hasta que no se levante el secreto de sumario del caso no se puede desarrollar, ya que no se tiene conocimiento oficial de quiénes son las ocho personas a las que se detuvo ayer dentro de la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria en Cantabria.

En este sentido, Gochicoa no ha confirmado si se trata del jefe de Conservación de Carreteras, porque «solo sabemos que ese funcionario hoy no ha asistido a su puesto de trabajo», pero «no tenemos ninguna constancia ni siquiera de que esté arrestado de forma oficial».