Los fiscales encargados del juicio del procés se han mostrado firmes ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respecto a la Ley de Amnistía. El fiscal general se reunió este jueves con Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo responsables de la acusación pública en este caso. Estos fiscales han expresado su oposición a la aplicación de la amnistía en los términos en que ha sido aprobada en el Congreso, argumentando que no es posible eliminar el delito de malversación que pesa sobre varios imputados, incluyendo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Debate ha informado que los fiscales han entregado a García Ortiz un informe detallado, de más de cien páginas, en el que exponen las razones legales por las cuales consideran que la Ley de Amnistía supera los límites establecidos por el ordenamiento jurídico español y presenta dudas significativas en cuanto a su conformidad con el Derecho Comunitario europeo. Este informe subraya que la eliminación del delito de malversación, que afecta a Puigdemont y otros implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, no es viable.

Fidel Cadena, fiscal jefe de Sala, ya había mostrado su oposición a la gestión del caso Tsunami Democràtic por parte de la Fiscalía General, argumentando que debía ser tratado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como lo solicitó el magistrado Manuel García-Castellón.

La intención de García Ortiz con estas reuniones, tanto la celebrada con los fiscales del Supremo como la programada para el viernes con los fiscales catalanes con procesos pendientes relacionados con el separatismo catalán, es establecer una postura uniforme del Ministerio Público sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, se ha encontrado con un informe exhaustivo que detalla las discrepancias legales y que revisará detenidamente antes de emitir una declaración oficial al respecto.

El viernes, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, junto con los fiscales jefes provinciales de Gerona, Tarragona, Lérida y Barcelona, y los seis fiscales jefe de área de estas regiones, se reunirán para discutir la aplicación de la ley en más de trescientas causas abiertas relacionadas con el procés. Estas causas incluyen tanto la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 como los disturbios de 2019 en respuesta a las condenas impuestas a los líderes de la Generalitat por el Tribunal Supremo.

El 5 de diciembre, García Ortiz, quien ha evitado convocar un pleno extraordinario del Consejo Fiscal para abordar esta ley, instruyó al fiscal jefe de Barcelona para que recopilara toda la información sobre los procedimientos judiciales en curso, archivados, o ya sentenciados, relacionados con el procés. Estas instrucciones fueron formalizadas por su adjunta, Ana Isabel García León, en un oficio enviado el 1 de diciembre al fiscal de Barcelona, citando la complejidad del asunto y el breve plazo previsto para la aplicación de la amnistía.