Este viernes, el Gobierno regional, junto con diversos colectivos profesionales, ha firmado el primer Pacto para la Justicia de Cantabria, un acuerdo sin precedentes que abarca 12 compromisos distribuidos en tres ejes fundamentales: incrementar los recursos humanos y materiales, implantar el expediente judicial electrónico para erradicar el uso del papel, y mejorar servicios ligados a la asistencia jurídica gratuita y al turno de oficio, especialmente para colectivos con necesidades especiales.

El pacto incluye la construcción y mejora de infraestructuras judiciales, comprometiendo al Ejecutivo cántabro a aprobar un plan de inversión en infraestructuras con un calendario de cinco años para resolver la falta de espacio físico. Entre las iniciativas destacan una nueva sede para los Juzgados de Laredo y el Instituto de Medicina Legal, la ampliación de Las Salesas, la adecuación de dependencias del Palacio de Justicia de la Calle Alta y del Edificio Europa de Santander, y un estudio para reordenar las sedes judiciales de la capital.

Además, se contempla una inversión de 6,6 millones de euros para la digitalización de la Administración de Justicia y del Registro Civil, modernización de los juzgados de paz, y la implementación completa del sistema de gestión Vereda.

El pacto ha sido firmado en la sede del Gobierno por la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la secretaria de Gobierno del TSJC, María del Pilar Socorro; la fiscal superior de la comunidad, Pilar Jiménez; y representantes de los colegios profesionales de abogados, procuradores, psicólogos y del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

Tras la firma, la presidenta destacó que se trata de un acuerdo "inédito" en Cantabria, cuyo objetivo es "revertir el deterioro" de la Administración de Justicia, haciéndola más ágil y dotándola de más medios. En un momento "crucial", según Buruaga, es necesario defender la Justicia frente a quienes "ponen en jaque nuestro Estado de derecho con sus ataques a la independencia de jueces y magistrados y el cuestionamiento de las resoluciones judiciales".

COMPROMISOS DEL PACTO

El Pacto para la Justicia parte de la "preocupante situación" del sistema y busca consensuar una propuesta para promover ante el Ministerio de Justicia un Plan de empleo que dote al sector de más medios personales y asegure el relevo generacional de los empleados públicos. También se revisará la normativa autonómica en materia de personal para lograr una gestión más rápida y eficaz de los recursos humanos.

Otro eje del pacto es el impulso de los servicios judiciales, que incluye la expansión del proyecto de mediación intrajudicial, la revisión de la normativa autonómica sobre personal, el despliegue de las oficinas del Registro Civil y la implementación de las reformas contempladas en las leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal. Además, se pondrán en marcha la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal en Cantabria y se mejorará el servicio de asistencia gratuita y del turno de oficio.

Coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, la presidenta reiteró el compromiso del Gobierno de modificar el decreto vigente para facilitar la tramitación de expedientes y aumentar la compensación económica para los profesionales del turno de oficio.

El pacto también garantiza el acceso a la justicia y la plena inclusión de las personas mayores o con discapacidad a través de la figura del facilitador, y adecua el servicio a menores de edad y favorece la tramitación telemática. Se habilitarán salas multiusos con equipos de videoconferencias y espacios para la protección de testigos y víctimas vulnerables. La presidenta avanzó que se impulsará la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y se creará un turno de oficio especializado para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

María José Sáenz de Buruaga afirmó que este pacto, el tercero de la legislatura, es una muestra de que el diálogo y la colaboración son instrumentos al servicio del cambio en la comunidad autónoma, calificándolo de "pacto abierto y dinámico".

La representante de los procuradores expresó la esperanza de que el Pacto sea un "punto de inflexión" en estos "momentos convulsos" que vive el país. Por su parte, el decano de los abogados señaló que es "un día muy especial" para la Abogacía, que vive un "buen momento" gracias a avances como este Pacto y la reciente Ley del Derecho a la Defensa aprobada por el Congreso.