El 1 de agosto, la Policía Judicial irrumpió en el Ayuntamiento de Santillana del Mar, intensificando una investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión local. Esta acción, siguió al descubrimiento de un borrado masivo de documentos municipales, del anterior gobierno, según la información recabada por este medio, una situación alarmante que ha generado controversia y especulación en la comunidad.

La denuncia inicial provino de la nueva alcaldesa, Sara Izquierdo (PRC), quien reveló que se había perdido una cantidad significativa de información del Ayuntamiento. Este hallazgo ocurrió tras el cambio de gobierno, coincidiendo con la moción de censura que desbancó al anterior alcalde, el socialista Ángel Rodríguez. El borrado afectó a resoluciones de Alcaldía desde 1995 hasta 2023 y a todos los plenos de los años 80. La nueva administración detectó la desaparición de estos documentos al revisar las carpetas sobre resoluciones plenarias y contratación, descubriendo que un servidor completo había sido alterado.

Desde el Ayuntamiento, se ha expresado una profunda preocupación por las posibles consecuencias de este borrado. «El problema no es que se pida perdón, el problema que supone ahora es la información que puede estar en la calle. Eso es lo que nos preocupa», señalaron fuentes internas, subrayando la gravedad de la situación y la importancia de la información perdida.

20.000 ARCHIVOS ELIMINADOS. Fuentes cercanas al anterior gobierno municipal atribuyen la pérdida de documentos a un «error humano». Lamentan lo ocurrido y confían en que las copias de seguridad puedan ayudar a restablecer la normalidad.

La intervención de la Policía Judicial el 1 de agosto fue un paso crucial en la investigación. Los agentes se presentaron en el Ayuntamiento, se identificaron y procedieron a recoger información de los ordenadores y otros dispositivos de almacenamiento. Esta acción fue realizada de manera discreta, aunque generó un gran revuelo entre los ciudadanos y medios locales.

Desde el Ayuntamiento se informa que la actuación de la Policía Judicial forma parte de un procedimiento estándar dentro de la investigación en curso, destacando la total colaboración de la administración municipal con las autoridades judiciales. Según las mismas fuentes, se trató de una acción destinada a recuperar y analizar información crucial para esclarecer los hechos denunciados.

IRREGULARIDADES. La noticia de la intervención policial y las denuncias de irregularidades ha generado un gran revuelo en Santillana del Mar. Los ciudadanos han expresado su preocupación y descontento ante la posibilidad de que se hayan cometido actos de corrupción y mala gestión en su Ayuntamiento. Las redes sociales y los foros comunitarios han sido escenarios de intensos debates y especulaciones sobre el futuro de la administración local.

El clima de tensión se ha visto exacerbado por la cobertura mediática, que ha seguido de cerca cada desarrollo del caso. La percepción pública de la integridad y transparencia del Ayuntamiento ha quedado en entredicho, y muchos ciudadanos han exigido una pronta resolución y rendición de cuentas por parte de los responsables.

La investigación sigue su curso, y las autoridades judiciales han declarado que mantendrán el secreto de sumario hasta que se haya recopilado toda la información necesaria. Este procedimiento busca garantizar la integridad de la investigación y proteger la confidencialidad de los datos recopilados.

Fuentes del Ayuntamiento han expresado su confianza en que la verdad saldrá a la luz y que se aclararán todas las dudas y sospechas que han surgido en torno a este caso. También han hecho un llamado a la calma y la paciencia, instando a la comunidad a esperar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones precipitadas.

En un comunicado reciente, las autoridades municipales han reafirmado su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades judiciales. Han destacado que todas las medidas adoptadas hasta el momento han sido en aras de esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.

Además, se han anunciado auditorías internas y revisiones de los procedimientos administrativos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Estas medidas incluyen la implementación de nuevos protocolos de seguridad para la gestión de datos y la revisión exhaustiva de todos los procesos de contratación y administración.

El caso de Santillana del Mar es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La desaparición de archivos históricos y las denuncias de irregularidades han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el gobierno local.

La intervención de la Policía Judicial y la colaboración del Ayuntamiento con las autoridades judiciales son pasos fundamentales hacia el esclarecimiento de los hechos.

La comunidad de Santillana del Mar espera con ansias los resultados de la investigación, confiando en que se hará justicia y se restaurará la confianza en sus instituciones.

Mientras tanto, la situación sigue siendo un tema de intenso debate y preocupación en la localidad, y los ciudadanos permanecen atentos a cada nuevo desarrollo en este caso que ha sacudido los cimientos de su gobierno local.

En el transcurso de la investigación, se ha mencionado que las denuncias iniciales fueron sobre un posible error humano, una hipótesis que fue descartada al revisar los informes técnicos que indicaban una intervención deliberada en las carpetas electrónicas. La nueva administración ha expresado repetidamente su compromiso con la colaboración total en la investigación y ha subrayado la importancia de restaurar la confianza pública en la gestión municipal.

Además, se ha destacado que la desaparición de documentos incluye no solo resoluciones recientes sino también actas históricas, afectando así la continuidad administrativa y legal del Ayuntamiento. Este vacío documental podría tener implicaciones significativas en la revisión de contratos y decisiones pasadas.

La Policía Judicial, encargada de la investigación, ha asegurado que se seguirá un procedimiento exhaustivo para recuperar la información borrada y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que la colaboración entre las autoridades judiciales y la administración municipal facilite una resolución rápida y efectiva del caso.

Santillana del Mar se encuentra en medio de una crisis administrativa sin precedentes, con la comunidad y las autoridades buscando respuestas y justicia. La situación pone de relieve la necesidad de una gestión transparente y responsable en el gobierno local, y marca un punto de inflexión en la historia de la administración municipal de esta emblemática localidad cántabra.

A la par de estas revelaciones, fuentes consultadas aseguran que el exalcalde socialista Ángel Rodríguez ha sido detenido, junto a la actual alcadesa y a un técnico municipal, responsable, supuestamente, del borrador de información, como parte de las investigaciones en curso, aunque la Policía todavía no ha confirmado oficialmente estas detenciones. 

ACTUAL GOBIERNO. Por su parte, la regidora Sara Izquierdo, asegura que es la "primera interesada en que este asunto se esclarezca a la mayor brevedad", y afirma que está "a disposición de la Fiscalía para cualquier información que precisen", que también fue interrogada por los agentes, durante varias horas.

La administración actual del Ayuntamiento se mantiene firme en su postura de colaboración total y transparencia con las autoridades judiciales, esperando que este caso se resuelva pronto y que se restablezca la confianza de los ciudadanos en la institución municipal.