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El Diario de Cantabria

CALEFACCIÓN

El precio del gas augura un invierno duro en las comunidades de vecinos con calefacción central

La oposición del Ministerio de Transición Ecológica a que las comunidades de vecinos puedan acogerse a la reducción del IVA en la factura del gas y la tarifa regulada provoca que quien viva en un chalet tenga mayor descuento que quien vive en un piso con calefacción central
La norma que pondrá fin a las calefacciones centrales entrará en vigor en mayo de 2023. / ALERTA
La norma que pondrá fin a las calefacciones centrales entrará en vigor en mayo de 2023. / ALERTA
El precio del gas augura un invierno duro en las comunidades de vecinos con calefacción central

Los vecinos de estas comunidades con calderas colectivas buscan salidas y cómo evitar las cifras estratosféricas que una y otra vez se advierte que tendrán que pagar con el encarecimiento del gas. La más deseada es que el Gobierno les permita acogerse al mercado regulado y dejar de tener que acudir al libre, como así lo han reclamado los administradores de fincas.

Según ha asegurado el tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), Peio Mendia, muchas comunidades de propietarios «no van a poder asumir las facturas energéticas, y esto conllevará una reducción de temperaturas que repercutirá negativamente en la salud de los vecinos/as e incluso, en determinados casos, supondrá tener que dejar de prestar el servicio de calefacción central».

DESVINCULARSE DE LA CALEFACCIÓN CENTRAL

Pero, ¿qué pasaría si uno de los vecinos no pudiera hacer frente a este desembolso y quisiera desvincularse de la calefacción central? ¿Lo puede hacer?. Según Ana Bozalongo, de la comisión de legislación del Cgcafe, la ley no contempla la posibilidad de dejar de contribuir al pago de los servicios comunes, entre ellos la calefacción central, por falta de recursos de los propietarios.

La única salvedad -precisa- sería que los estatutos lo contemplen en casos concretos, o bien que se adoptase un acuerdo comunitario colectivo, por las tres quintas partes de propietarios, que recogiera explícitamente la exoneración de quienes deseen poner un sistema individual de calefacción.

En ese caso, según la especialista, los gastos de la desinstalación que se tenga que acometer en el exterior de la vivienda correrían a cargo de todos los propietarios, pero los que haya que hacer en su interior los debería abonar el vecino en cuestión.

Por tanto, la posibilidad de renuncia de la calefacción o exclusión del gasto, según Bozalongo, «es absolutamente restrictiva con arreglo a la normativa actual».

¿Y si no es solo un vecino, sino toda la comunidad la que quiere cambiar la calefacción central por otro sistema individual?. La experta asegura que como se trataría de suprimir un servicio común de interés general debería adoptarse también conforme a la mayoría cualificada de 3/5 partes del total de los copropietarios y de sus cuotas de participación.

De alcanzarse esa doble mayoría, los propietarios podrían decidir libremente instalar en sus casas cualquier sistema individual de calefacción.

La retirada de la caldera y de las conducciones generales sería un gasto común a distribuir entre todos los propietarios, mientras que la eliminación de los radiadores y conducciones privativas de las viviendas sería un gasto individual.

Estas ‘soluciones’, según se apunta desde las administraciones de fincas, pueden resultar caras, máxime teniendo en cuenta que muchas comunidades están instalando desde 2020 repartidores de costes, unos dispositivos que se colocan en los radiadores para medir el consumo individual y que permiten que cada vecino pague por lo que consume y no por coeficiente de participación en la comunidad. Antes de mayo de 2023 todas las comunidades de edificios con sistemas de calefacción central construidos antes de 1998 tendrán que haberlos colocado.

CALEFACCIÓN CENTRAL CON CONTADORES INDIVIDUALES

Según el director de Aercca (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción), Ignacio Abati, son unas 400.000 viviendas (un 25 % del total de 1,6 millones de viviendas en toda España) las que han realizado la instalación.

Estos vecinos, según Abati, «tendrán las ventajas de la calefacción central al ser un sistema más eficiente que permite que los gastos fijos (mantenimiento de los equipos o renovación) se repartan entre la comunidad, y de la individual porque podrán gestionar libremente la calefacción en su hogar y pagando únicamente por lo que consumen».

El 95% de las comunidades que instalan repartidores lo hace en modalidad de alquiler por 3,5 euros al mes por vivienda, y si combinan el sistema con válvulas termostáticas para regular la temperatura de cada radiador serían unos 7 euros. La instalación de estos dispositivos puede permitir ahorrar, según las estimaciones, hasta un 30 % de la factura anual de calefacción.

Sea con contadores individuales o sin ellos, lo primero que recomienda Noelia Mochales, vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, es celebrar juntas de propietarios, decidir las cuotas a pagar los vecinos y posibles derramas.

Revisar las instalaciones, optimizarlas y si es necesario cambiar la caldera comunitaria por una más eficiente y los radiadores si son viejos, y en la medida de lo posible instalar repartidores de costes.

Moderar a 19-21 grados las casas y decidir horarios reducidos, así como poner sondas o sistemas que hagan que se encienda la calefacción cuando sea totalmente necesario.

SIETE VECES MÁS CARO

Según los datos aportados por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas a este periódico, en España existen 25.208.622 viviendas, y de éstas, el porcentaje con gas natural es un 30%, o sea, 7.562.587. De estas viviendas, el 6,6% utiliza calefacción central y el 23,4% la individual. «Se produce la injusticia de que siendo el destino del gas el mismo (doméstico), a uno se aplique tarifa de gran consumidor y pague más que en las viviendas individuales».

El principal problema para estas comunidades de vecinos es el incremento en el precio del gas. CGCAFE afirma que para el mismo consumo, una factura de enero de 2021 alcanzaba los 12.684 euros, y en enero de 2022 alcanza los 43.000 euros. «Si tomamos como referencia las facturas de hace dos años, el precio del gas ha pasado de 0,034 euros Kw/hora a 0,26 euros Kw/hora. Es decir, que hace dos años la factura de gas era de 12.684 euros, y actualmente podría llegar a los 95.000 euros». O sea, siete veces más cara que en 2019.

Por si fuera poco, el precio del gasóleo de calefacción también ha experimentado una gran subida. «En 2020, 15.000 litros de gasóleo tenían un coste de 7.850 euros; en 2021, alcanza los 9.300 euros; y en 2022, el importe es de 18.000», por lo que se ha duplicado respecto a hace dos años.

POSIBLES SOLUCIONES

Para tratar de revertir esta situación, los administradores de fincas han mantenido una reunión con Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Energética del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), uno de los altos cargos de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En dicho encuentro han presentado dos propuestas para frenar el ‘derramazo’ que se avecina.

La primera, que se extienda la tarifa regulada de gas a todas las comunidades de propietarios con calefacción central que tengan cobro individualizado del consumo. El CGCAFE considera que casi todas las comunidades aprobarían la instalación del cobro individualizado para no tener que asumir los precios de gas en el mercado libre, una medida que tendría el beneplácito del propio Ministerio de Transición Ecológica. Aun así, para aquellas comunidades en las que, por las circunstancias previstas en la norma, no puedan proceder a la instalación de los contadores individuales de consumo, o repartidores de coste, los administradores de fincas colegiados piden que también se aplique esta tarifa regulada del gas.

En segundo lugar, se ha solicitado que la reducción del IVA del 21% al 5% en la factura del gas se aplique, igualmente, en las facturas de las comunidades de propietarios, «lo que sin duda alguna sería un importante ahorro económico que, junto con la aplicación de la tarifa regulada del gas, haría posible que muchos vecinos no tuvieran que prescindir o reducir el servicio de calefacción central».

Pablo Abascal, presidente de este consejo de profesionales, se muestra confiado de que los legisladores tomarán nota de sus peticiones. «Es como si se penalizase al pasajero de autobús, un medio de transporte más barato y eficiente, y se beneficiase al que se mueve en coche», denuncia.

«Se da la paradoja de que una casa muy poco eficiente y considerada de lujo, como podría ser un chalet unifamiliar, puede disfrutar de una tarifa regulada y una vivienda con calefacción central comunitaria, un sistema más popular y eficiente, por el que se ha apostado para racionalizar el uso de la energía, está en el mercado libre pagando más del doble por calentar su vivienda». La situación carece de lógica: «Será que todos los políticos viven en chalets».

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