El Ayuntamiento de Ruiloba ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria contra la exalcaldesa Sara Portilla por presunta falsedad documental y prevaricación en relación a un expediente sancionador a una trabajadora municipal. Esta acción legal surge a raíz del dictamen del Consejo de Estado que establece la anulación de una sanción impuesta por Portilla a la empleada, por haber causado "clara indefensión".

La denuncia, presentada el pasado viernes, está vinculada a una demanda por acoso laboral presentada por una empleada contra la exalcaldesa y otra funcionaria. La sanción impuesta a la trabajadora, que incluyó una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses, se basó en una supuesta auditoría que, según el Consistorio, carecía de firma y credibilidad. El actual alcalde, Julio Pinna, subrayó que dicho documento era simplemente "un simple PDF sin firma alguna, que nunca se ha sabido quién la había elaborado".

El proceso judicial reveló que el juzgado no estimó la demanda de acoso laboral, y al momento de la resolución, Portilla ya no ocupaba el cargo de alcaldesa. No obstante, se presentó en el procedimiento laboral argumentando ser parte interesada, lo que sugiere un interés personal inusual. Esto lleva a la sospecha de que todo el expediente sancionador podría haber sido un acto de venganza contra la trabajadora por haberla demandado.

Julio Pinna destacó que la decisión de denunciar ante la Fiscalía se había anunciado previamente durante el último Pleno de la Corporación, donde se leyó el dictamen del Consejo de Estado. Según este informe, el Ayuntamiento debe declarar la nulidad de la sanción debido a la "clara indefensión" ocasionada a la demandante.

Ante esta situación, el alcalde subrayó la importancia de actuar con rigor y en apego a los preceptos constitucionales que obligan a la administración pública a servir con objetividad los intereses generales y a actuar conforme a la ley y el derecho.