En la sesión plenaria del Parlamento cántabro celebrada este lunes, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha defendido en solitario una propuesta para contrarrestar el proyecto del ficticio macrocomplejo turístico planeado por la empresa AB Capital en Loredo. Esta iniciativa, presentada por el PSOE, tenía como objetivo instar al Gobierno de Cantabria y a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) a adherirse estrictamente a la protección de las playas y al cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ribamontán al Mar.

Los partidos de la oposición, Partido Popular (PP), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Vox, se unieron en su rechazo a la propuesta socialista. Según ellos, el proyecto del macrocomplejo turístico no es viable bajo la normativa urbanística vigente ni se ajusta al PGOU del municipio. "Este proyecto no tiene cabida en la normativa actual", han señalado desde el PP y el PRC, insistiendo en que la propuesta se basa en un anuncio "que no es verdad" y que "no se va a hacer".

El PSOE presentó esta proposición no de ley (PNL) tras participar el sábado anterior en una manifestación organizada por el grupo Cantabristas en Loredo, en la que se congregaron aproximadamente 3.000 personas. Según los socialistas, esta afluencia demuestra una "inquietud ciudadana" ante la posibilidad de que se repitan experiencias pasadas donde "las leyes no se han cumplido". La diputada Norak Cruz, encargada de defender la propuesta, argumentó: "La experiencia de pasadas décadas en las que las leyes no se han cumplido ha generado una preocupación palpable en la ciudadanía".

El Gobierno de Cantabria, liderado por el PP, y específicamente el consejero de Fomento, Roberto Media, declararon que la empresa promotora no ha conseguido adquirir los terrenos necesarios para el proyecto y, por lo tanto, no podrá llevarlo a cabo. "La empresa promotora que pretendía convertir a Cantabria en 'la Ibiza del norte' no ha logrado hacerse con los terrenos y por tanto no va a ejecutar su idea", afirmó Media. Sin embargo, el PSOE advirtió sobre la incertidumbre que aún existe respecto a quién ha adquirido esos terrenos. "¿Y si la empresa que los ha comprado ahora nos quiere construir el Magaluf del sur?", cuestionó Cruz, subrayando la necesidad de prevenir cualquier tipo de desarrollo que no respete el entorno natural y paisajístico de Loredo.

En el debate parlamentario, los partidos de la oposición acusaron al PSOE de intentar "confundir a los cántabros con noticias falsas". El diputado del PP, Rafael de la Gándara, calificó las acciones de los socialistas como "tóxicas" y aseguró que "no se va a hacer ningún macrocomplejo turístico". De la Gándara añadió que la legislación urbanística es "súper severa" a nivel regional, nacional y europeo, y que el PGOU de Ribamontán al Mar no permite tal proyecto. "Estamos en elecciones, pero no nos vendan la moto", remató. 

Por su parte, el PRC, a través del diputado Pedro Hernando, insistió en que la idea de convertir a Loredo en "la Ibiza del norte" es completamente falsa, ya que se trata de un área protegida según el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Hernando explicó que el PGOU solo permite la construcción de 136 viviendas, de las cuales 30 son viviendas de protección oficial para "súper ricos", ironizando sobre la situación. También destacó que Ribamontán al Mar es "uno de los pocos municipios que ha actualizado su PGOU", con una versión vigente desde 2021.

Vox, representado por Armando Blanco, defendió la misión de la CROTU de hacer cumplir la ley de manera objetiva como una "garantía de protección de nuestra maravillosa tierra". Blanco instó a los socialistas a no interferir en las decisiones de la CROTU, recordando que su intervención en el pasado culminó con "cientos de sentencias de derribo".

Antes de debatir esta PNL, el Pleno aprobó por unanimidad otra propuesta para instar al Gobierno central a reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Esta iniciativa, impulsada por el PP, había sido previamente debatida en 2019.

Además, el Parlamento rechazó una proposición no de ley del PRC que buscaba implantar una asignatura obligatoria de medicina familiar y comunitaria en el Plan de Estudios del Grado de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC). Esta propuesta se basaba en la necesidad de más profesionales en Atención Primaria y en la implementación de incentivos para hacer esta especialidad atractiva para los estudiantes. Sin embargo, los demás grupos no apoyaron la iniciativa, argumentando que interferiría con la independencia universitaria y que ya se están tomando medidas al respecto.

Los socialistas, que se abstuvieron, reconocieron la necesidad de más médicos de familia pero consideraron que la decisión debe ser tomada por la UC. Los 'populares' señalaron que la Facultad de Medicina ya ha aprobado la inclusión de esta asignatura en el próximo curso o el siguiente, aunque los regionalistas replicaron que aún falta el informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).