El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, ha desmentido que la intervención judicial en la trama de Obras Públicas responda a una estrategia para apartar del poder a Miguel Ángel Revilla. En declaraciones realizadas este viernes, Media afirmó que ni la jueza instructora ni los cuerpos de seguridad que llevaron a cabo la operación tenían el objetivo de desestabilizar el gobierno, sino que actuaron ante indicios delictivos y a raíz de una denuncia formal.

«No creo que la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, ni la jueza tuviesen interés en cambiar a Revilla o a ningún gobierno», declaró el consejero tras la publicación de parte de la declaración del principal investigado en el caso. En su comparecencia, el exjefe de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Díez, señaló que fue "usado como cabeza de turco" en una presunta maniobra para desbancar a Revilla.

Medio millón en efectivo: La clave del caso

Media fue contundente al destacar que los supuestos delitos de corrupción en las adjudicaciones de obras no tienen relación con cuestiones políticas, sino con hechos muy concretos. «¿Qué tienen que ver las cuestiones políticas con que un señor tuviese en casa medio millón de euros en billetes?», cuestionó el consejero, subrayando que la investigación se basa en pruebas tangibles como la posesión de grandes sumas de dinero en efectivo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Agencia Tributaria destaparon la trama a finales de la pasada legislatura tras detectar irregularidades en la Consejería de Obras Públicas. Según Media, las autoridades actuaron debido a la existencia de indicios claros de delitos. «No sé qué tienen que ver las cuestiones políticas con que se encuentre tal cantidad de dinero, que se ostente riqueza o que se amenazara supuestamente a empresas para que no participaran en concursos públicos», añadió.

El rol de Revilla en la trama: ¿Responsabilidad indirecta?

A pesar de desvincular al gobierno de Revilla de la investigación, Media no descartó que el presidente pueda tener una cierta responsabilidad indirecta por no haber supervisado adecuadamente a los funcionarios implicados. «Revilla podría tener culpas por no estar al tanto de lo que ocurría, pero eso no significa que esté relacionado con los delitos que se investigan», puntualizó el consejero, aclarando que la operación judicial no tuvo motivaciones políticas.

El consejero insistió en que los delitos investigados están centrados en el funcionario y su entorno, quienes supuestamente gestionaban una trama de corrupción en la que se adjudicaban contratos a ciertas empresas mediante amenazas y sobornos. La magnitud del caso es tal que la investigación también incluye a la esposa e hijas del funcionario, así como a cuatro empresas cántabras beneficiadas por la supuesta red de corrupción.

"Cambios radicales" en la Consejería bajo el nuevo gobierno

Desde que asumió la dirección de la Consejería de Fomento, Media asegura que ha implementado reformas profundas para evitar que se repitan las irregularidades que destapó la investigación. «Hemos cambiado radicalmente las cosas que no se hacían bien», afirmó el consejero, señalando que las prácticas corruptas que salieron a la luz durante la legislatura anterior son algo que su equipo está decidido a erradicar.

En relación con la auditoría encargada por el Gobierno regional sobre las actividades de la antigua Consejería de Obras Públicas, Media indicó que los resultados aún no están disponibles, pero que se harán públicos tan pronto como la Intervención los entregue. «No se preocupen, en cuanto tengamos el informe, lo haremos público de inmediato», aseguró.

Una investigación en curso con muchos frentes abiertos

A medida que avanza la investigación, se espera que el principal acusado, Miguel Ángel Díez, dé más explicaciones ante la jueza instructora y a la ciudadanía cántabra. «Este señor tiene mucho dinero que no sé si podrá justificar», comentó Media, refiriéndose no solo al dinero en efectivo encontrado en su domicilio, sino también a la acumulación de bienes por parte de su familia, que también está bajo la lupa.

Mientras tanto, el caso sigue centrando la atención en Cantabria, donde las acusaciones de corrupción y la posible implicación de funcionarios públicos siguen siendo motivo de debate. Aunque Media ha sido claro en desvincular el asunto de Revilla, el impacto político es innegable, y la investigación continúa revelando nuevos detalles sobre cómo operaba la trama.