El Estado español enfrenta un impacto significativo en sus finanzas públicas debido a varias sentencias judiciales adversas que podrían costar más de 10.000 millones de euros y aumentar el déficit público. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha evaluado los riesgos fiscales de estas sentencias, que abarcan desde impuestos hasta energía y autopistas.

Estas sentencias incluyen la declaración de ilegalidad del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, la anulación de la subida del Impuesto de Sociedades en 2016, y la obligación de devolver el IRPF a pensionistas. A estos se suman otros litigios pendientes, como los arbitrajes internacionales y los recursos contra el bono social eléctrico.

El informe de la AIReF advierte que el impacto mínimo de estas sentencias será de 10.000 millones de euros, afectando el déficit en dos décimas del PIB este año, una proyección también estimada por el Banco de España en junio. La institución presidida por Cristina Herrero señala que el déficit podría ser aún mayor.

En mayo pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió contra el Estado en la cuestión prejudicial sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos. "Solo queda la incertidumbre sobre la cuantificación del impacto final y sobre el año de su registro en contabilidad nacional. En la última Cuenta General del Estado publicada, correspondiente al año 2022, el Gobierno había estimado un efecto de hasta 6.500 millones para este riesgo fiscal", señala AIReF.

En enero, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios aspectos del Real Decreto-ley 3/2016 que reformaba el Impuesto sobre Sociedades. La AIReF no proporciona cifras, pero el Instituto de Estudios Económicos, un 'think tank' de CEOE, estima que Hacienda tendrá que devolver 25.000 millones de euros.

Además, varias sentencias anteriores seguirán afectando el déficit de 2024. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo reconoció el derecho a la devolución del IRPF a pensionistas, y en julio de 2022, declaró contrario al Derecho europeo el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de los operadores de telefonía móvil. Aunque se realizaron algunas devoluciones en 2023, el impacto continuará en 2024.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2022, publicado el 28 de junio de 2024, hace referencia a la provisión registrada por el Estado por la devolución del IAE, por un importe de 1.291 millones, más 100 millones en intereses. En 2023 se imputaron 137 millones, quedando pendientes otros 1.250 millones, previsiblemente a registrarse en 2024.

Además de estos riesgos ya materializados, "se mantienen vivos otros riesgos derivados de causas judiciales", como destaca la AIReF. En el sector energético, sigue el litigio sobre las energías renovables, con laudos desfavorables para España que ascienden a 1.164 millones. También continúan los recursos contra los acuerdos de concesión de autopistas de peaje y demandas de concesionarias por el equilibrio económico debido a la COVID-19, con importes de 148 millones y 427 millones, respectivamente.

Finalmente, hay varios recursos contra la regulación del bono social eléctrico, cuyo importe no se cuantifica totalmente, aunque en 2022 se imputaron 366 millones. "Se espera un aumento del coste por sentencias en 2024", advierte la AIReF.

En otro caso, en septiembre de 2023, el Tribunal General de la Unión Europea revocó una decisión de la Comisión Europea sobre desgravaciones fiscales, pendiente de resolución tras ser recurrida. En sentido contrario, Hacienda impugnó una resolución favorable al Banco de Santander para reintegrar créditos fiscales diferidos, lo que podría reducir el déficit si el Estado gana el caso.