Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior y testimonios de expertos pintan un cuadro más complejo, con un incremento significativo de las okupaciones y problemas asociados a la compra de propiedades ocupadas. Durante el actual debate sobre la ley contra lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denomina “pseudomedios”, el líder del Ejecutivo ha arremetido contra las informaciones que destacan el aumento en los casos de okupación de viviendas desde que su administración tomó las riendas del país. Según Sánchez, el promedio de condenas por ocupación ilegal de vivienda habitual ha disminuido en un 30 % en comparación con el gobierno del Partido Popular. Además, las condenas relacionadas con la ocupación de inmuebles no habitacionales se han reducido en un 32,53 %.

No obstante, estos datos oficiales ofrecen solo una parte de la historia. El abogado experto en derecho inmobiliario Julio Naveira señala que la realidad es bastante diferente. Aunque las estadísticas muestran una disminución en las condenas, esto se debe a que muchas de las ocupaciones son tratadas a través de la vía civil, la cual es más rápida y menos visible que el proceso penal.

Datos del Ministerio del Interior revelan un incremento del 17 % en los casos de allanamientos y usurpaciones de inmuebles durante los cinco años del gobierno socialista en comparación con el periodo de Mariano Rajoy. Entre 2012 y 2018 se registraron 67.263 casos, mientras que entre 2019 y 2023 la cifra se elevó a 78.741, un aumento del 47,7 %.

Casos recientes como el de una familia en La Coruña, que encontró su chalet cerrado con un candado y una persona dentro, han puesto de manifiesto las dificultades asociadas a la okupación. El okupa exigió 4.000 euros para abandonar la vivienda, complicando aún más el proceso para los propietarios afectados.

En el mercado inmobiliario, la presencia de viviendas ocupadas también se refleja en anuncios de propiedades con precios significativamente bajos, que a menudo alertan sobre su ocupación. Adquirir un inmueble en estas condiciones implica costos adicionales como los derivados del desalojo y las posibles reparaciones. El gasto total puede alcanzar entre 30.000 y 40.000 euros, incluyendo honorarios legales y posibles reformas. Además, la dificultad para obtener financiación bancaria para estas propiedades añade otra capa de complejidad.

Julio Naveira sugiere que, aunque las viviendas ocupadas pueden parecer una inversión atractiva debido a su bajo precio, los altos costos asociados al desalojo y la reparación suelen hacer que esta opción no sea rentable para compradores particulares. No obstante, aquellos con gran capital y liquidez podrían considerar estas propiedades como una inversión a largo plazo.

En resumen, mientras Pedro Sánchez defiende los logros de su administración frente a la okupación, el panorama real sugiere un aumento en los casos de okupación y complicaciones adicionales para los propietarios y potenciales compradores en el mercado inmobiliario.