La situación ha generado una gran incertidumbre y podría derivar en una crisis de inseguridad jurídica en el sector. La reciente crisis en el sector petrolero español ha puesto en el centro del debate a la Agencia Tributaria. La entidad ha sido acusada de proceder a bajas irregulares en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), a raíz de una solicitud fraudulenta presentada por un colaborador externo. Este episodio ha dejado a varias operadoras petrolíferas en una situación crítica y ha desatado un torbellino de incertidumbre en la industria.

Según la información recabada, el pasado 15 de julio, un desconocido colaborador externo, autorizado por el Ministerio de Hacienda, presentó el modelo 036 en nombre de varias empresas petrolíferas, solicitando la baja de su actividad sin pasar por los canales de supervisión establecidos. La Agencia Tributaria accedió a esta solicitud sin previo aviso, resultando en la suspensión inmediata de la actividad de estas empresas.

El impacto ha sido severo. Las compañías afectadas han estado vetadas de extraer producto de los depósitos fiscales, impidiéndoles posicionar el producto en el mercado de distribuidores y estaciones de servicio. Este contratiempo ha causado pérdidas significativas, estimadas en varios millones de euros, tanto para las operadoras como para las estaciones de servicio que se han quedado sin suministro.

Desde Aopyde, una nueva asociación de operadores petrolíferos, se ha subrayado que esta situación podría abrir una vía de responsabilidad patrimonial contra la Administración por mal funcionamiento del servicio público. La asociación señala que el caos generado por estas bajas irregulares evidencia una inseguridad jurídica grave en el mundo de los negocios, en el cual cualquier empresa podría ser expulsada del mercado por procedimientos administrativos fraudulentos.

Las hipótesis de hackeos o fraudes se han intensificado, especialmente después de que una empresa ya se viera afectada por un incidente similar hace un mes. Desde el sector, se ha levantado un clamor por una respuesta inmediata y contundente de la Agencia Tributaria, que debería revisar los procedimientos y garantizar la transparencia y la correcta función de los colaboradores sociales.

Además, el conflicto ha exacerbado las tensiones entre las dos asociaciones principales en el sector. La AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos) y la nueva Aopyde (Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles) están enfrentadas, con quejas incluso sobre la similitud de nombres, que refleja una mayor disputa en un sector ya convulso.

El Gobierno y la Agencia Tributaria están bajo presión para abordar y resolver este escándalo administrativo. La comunidad empresarial del sector petrolero espera una intervención decisiva que no solo solucione el problema inmediato, sino que también prevenga futuras irregularidades que puedan dañar aún más la credibilidad y eficacia del sistema administrativo.