La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tiene previsto este año impulsar reformas legislativas que impactarán directamente en el despido. Según ha manifestado, el objetivo es que "no sean rentables" para las empresas las extinciones de contratos. Para lograr esto, planea encarecer las rescisiones de los acuerdos laborales y limitar al máximo las causas objetivas de los despidos.

Las iniciativas de Díaz podrían alterar las normas actuales que regulan los despidos procedentes, disciplinarios y objetivos. De acuerdo con los datos de bajas de afiliación obtenidos por The Objective, solo en marzo pasado se registraron 81.135 despidos por diversas causas. El 93% afectó a contratos indefinidos. De estos, más del 90% de las extinciones de contratos se debieron a causas objetivas (42%), disciplinarias (52%) y procedentes (0,15%). Tras la última reforma laboral de 2022, cuyo propósito fue estabilizar el empleo, eliminando la temporalidad y creando la figura del fijo discontinuo, los empresarios han optado principalmente por los despidos disciplinarios, que no tienen coste. La mayoría de estos despidos se resuelven en actos de conciliación antes de llegar a juicio, alcanzándose habitualmente la indemnización máxima de 33 días para despidos improcedentes. Cuando no hay causas económicas, organizativas o de producción para un despido objetivo, los empresarios recurren al despido disciplinario, a pesar de que esto implique acudir al arbitraje laboral o al juzgado, ya que la opción les resulta compensatoria, aunque con un coste mayor.

Para corregir esta y otras situaciones, Díaz planea modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de despido, con la intención de establecer garantías para los trabajadores frente a la rescisión del contrato. De este modo, se cumpliría con la Carta Social Europea, "reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".

Una de las iniciativas contempladas es introducir un mecanismo para que la indemnización de un despido declarado improcedente considere las circunstancias personales del trabajador, afectando especialmente a los asalariados con más dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Factores como la edad y la trayectoria profesional serían tomados en cuenta. Además, Díaz pretende limitar las causas para los despidos objetivos, que sumaron 32.608 en marzo. Esta medida busca redefinir los motivos para recurrir a este mecanismo, utilizado en reformas laborales anteriores por PP en 2012 y PSOE en 2010 para dotar de flexibilidad a las empresas en tiempos de crisis. Actualmente, la indemnización en estos casos es de 20 días por año trabajado.

Además, se prevé que los procedimientos de modificación de condiciones laborales y descuelgue sean negociados prioritariamente con las organizaciones sindicales, asegurando el carácter reversible de las medidas adoptadas.

Dentro del Plan Anual Normativo 2024, además de la reforma del despido, se incluye la reciente aprobación del fin de los despidos por incapacidad sobrevenida. El Consejo de Ministros aprobó esta semana la reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora permitía despedir automáticamente a los trabajadores por esta causa.

El Ministerio de Trabajo tiene en agenda para este año la promulgación de ocho leyes y diez reales decretos. Además de la reforma del despido, que dificultará a las empresas rescindir contratos, se incluye la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, estableciéndola en 37 horas y media semanales de manera progresiva hasta 2025. También se reforzarán los instrumentos de registro horario mediante nuevas tecnologías para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, y se adaptará el régimen sancionador para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa. Asimismo, se contempla una ley de democracia en la empresa, que permitiría a los trabajadores formar parte de los órganos de decisión corporativos, y se reforzará la economía social y se modificará la ley de cooperativas.