En un contundente informe revelado por Bank of America, se ha puesto de manifiesto la preocupante pérdida de atractivo que España experimenta como destino de inversiones a nivel internacional. La encuesta mensual de la entidad financiera, realizada a 265 gestores de activos con un patrimonio conjunto en fondos ascendente a la imponente cifra de 635.000 millones de dólares, arroja luces sobre la creciente desconfianza de los inversores en la estabilidad económica y jurídica de la nación ibérica.

A pesar de los intentos del Gobierno liderado por Pedro Sánchez de proyectar una imagen optimista de la economía española, la realidad se presenta con tintes más oscuros. La percepción internacional no solo refleja una falta de entusiasmo, sino que también apunta a un marcado declive en la confianza de los inversores extranjeros. Mientras el Ejecutivo sostiene que la economía va "como una moto", la creciente carga fiscal y la inseguridad jurídica resultante de disputas con empresas internacionales han comenzado a ahuyentar a los inversores.

El país se encuentra inmerso en laudos con empresas de todo el mundo relacionados con ayudas a las renovables, situándose como el país con mayor inseguridad jurídica dentro de la OCDE. Esta situación se agrava con la propuesta del Gobierno de imponer un impuesto mínimo del 15%, que incluiría beneficios generados en el extranjero y tributaciones fuera de las fronteras españolas. Sectores como la banca y las energéticas también serían afectados por impuestos especiales.

Además, los compromisos políticos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez para mantenerse en el poder han generado una profunda preocupación. Estos compromisos comprometen el orden constitucional, la separación de poderes y el imperio de la ley, planteando la posibilidad de persecución a jueces y empresas que abandonaron Cataluña, junto con la controvertida aprobación de la amnistía exigida por el fugado Carles Puigdemont.

La encuesta de Bank of America, realizada la semana pasada coincidiendo con la presentación de la ley de amnistía por parte del PSOE en el Congreso, refleja un cambio de tendencia en la percepción internacional sobre España. Al preguntar a los gestores sobre sus mercados favoritos para invertir en los próximos meses, España se ubicó en la última posición de las opciones europeas, con Alemania y Reino Unido como destinos preferidos. Este desinterés se manifiesta en un momento en que empresas locales como Repsol han suspendido inversiones proyectadas en el país y evalúan la posibilidad de llevarlas fuera de sus fronteras.

El malestar empresarial también se ha expresado a través de comunicados de organizaciones como la CEOE, CEPIME, ATA y la Empresa Familiar, todas ellas manifestando su inquietud por la falta de estabilidad y seguridad jurídica e institucional después de los pactos del Gobierno de Sánchez. Esta atmósfera de desconfianza y descontento podría tener consecuencias duraderas para la economía española, ya que actores internacionales muestran una creciente reticencia a considerar al país como un destino atractivo para las inversiones.