La corrupción parece haberse instalado en todas las instituciones de Cantabria. Tras los sonados casos en Obras Públicas durante el mandato de Miguel Ángel Revilla, ahora el Ayuntamiento de El Astillero se encuentra en el ojo del huracán.

La Fiscalía de Cantabria ha puesto en marcha una investigación sobre las graves irregularidades detectadas en el consistorio por el secretario municipal. Según fuentes cercanas al Partido Popular, este medio, el Diario Alerta de Cantabria, ha podido confirmar que el PSOE presentó ayer una denuncia en los Juzgados por malversación, prevaricación y falsedad documental contra el alcalde Javier Fernández Soberón (Cs), quien gobierna con mayoría absoluta desde el pasado mayo.

El PP, no queriendo quedarse atrás, ha anunciado que contratará a la reconocida penalista Carmen Sánchez Morán para llevar el caso. También planean presentar su propia denuncia la próxima semana, acusando a Soberón de las mismas irregularidades, incluyendo fraude a la Seguridad Social y manipulación de un informe público para ocultar las advertencias de la asesoría jurídica municipal. Este escándalo está documentado en un extenso expediente elaborado por el secretario del Ayuntamiento de El Astillero.

La Fiscalía tendrá ahora la tarea de determinar si procede una investigación penal y si los hechos denunciados pueden constituir un delito. De ser así, el siguiente paso del PSOE y del PP sería la presentación de una querella criminal contra Soberón.

Todo comenzó en julio de 2022, cuando la Seguridad Social concedió una incapacidad permanente total a un oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento. A pesar de esta incapacidad, el trabajador solicitó ser reubicado en otro puesto, algo que el convenio laboral no permite. Además, al tratarse de una incapacidad permanente sin previsión de revisión, no podía cobrar un salario público junto con su pensión, ya que su contrato se consideraba extinguido.

El comité de empresa notificó al alcalde en tres ocasiones distintas, en octubre de 2022 y en enero y marzo de 2023, que el trabajador seguía en su puesto cobrando la nómina municipal junto con su pensión. Sin obtener respuesta del alcalde, una delegada sindical llevó el caso al secretario municipal en febrero. El secretario, sorprendido por la situación, emitió un informe confirmando que el pago de las nóminas era ilegal.

La Junta de Gobierno Local de El Astillero se reunió poco después y desestimó la solicitud del trabajador de reasignación de puesto, basándose en el informe del secretario. Sin embargo, el documento utilizado había sido manipulado para eliminar la palabra “ilegal”. Este hecho provocó la reacción inmediata del secretario, quien emitió un segundo informe denunciando la manipulación y calificando el acto como un fraude a la Seguridad Social.

El secretario señaló que el acceso al sistema donde se realizó la manipulación está restringido a pocas personas, incluyendo al alcalde y su secretaria, y calificó el método utilizado para hacerlo de “malicioso”. Este mes, el Ayuntamiento cambió el sistema de acceso denunciado por el secretario municipal.

Este caso pone de relieve la gravedad de las prácticas corruptas que afectan a la administración local y subraya la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. El Diario Alerta de Cantabria seguirá informando sobre este asunto crucial para la comunidad autónoma.