La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado su rechazo categórico al preacuerdo entre el PSC y ERC que permitiría a Cataluña salir del Régimen Común y recaudar el 100% de los impuestos. Según la asociación, esta medida representaría "una auténtica barbaridad" y "la ruptura total del sistema".

La IHE alerta que "este supuesto concierto no está recogido en la Constitución, como sí lo están el vasco y el navarro", lo que podría violar principios fundamentales del sistema tributario español. "Entre los principios constitucionales del sistema tributario español está el de igualdad y no confiscatoriedad (artículo 31.1). Si a los españoles se les roban impuestos generados en toda España, se están contraviniendo estos dos principios", indican los inspectores. Asimismo, aseguran que "no van a permitir que esta ruptura se produzca" y están dispuestos a utilizar todos los medios legales necesarios para evitar que esta situación se concrete.

Francisco de la Torre Díaz, inspector de Hacienda del Estado, añade que "un concierto económico supone saltarse el artículo 157.3 de la Constitución y exigiría una reforma constitucional". Además, señala que el traspaso de la recaudación de impuestos a la Agencia Tributaria de Cataluña iría en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley de Cesión de Tributos a las CCAA.

La asociación también ha enumerado diversos problemas potenciales de esta medida, incluyendo efectos negativos en la lucha contra el fraude fiscal, la represión del narcotráfico, y la posible afectación de la 'caja única' de las pensiones y la gestión de las retenciones.

Desde que se hizo pública la propuesta de una "soberanía fiscal" para Cataluña similar a la del País Vasco y Navarra, los inspectores de Hacienda han emitido numerosas declaraciones y informes en contra de esta idea.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha mostrado su preocupación ante el preacuerdo, asegurando que velará por la seguridad jurídica y las condiciones laborales de los trabajadores del Estado en Cataluña. En un comunicado, el sindicato expresó que, ante un posible traspaso de trabajadores de la Agencia Tributaria a la Generalitat, estará vigilante para garantizar "la seguridad jurídica, la independencia profesional, la adecuación de funciones y, por supuesto, las mejores condiciones laborales para el colectivo afectado".

La CSIF también destacó su preocupación por "las consecuencias económicas que se deriven del acuerdo de financiación" y afirmó que defenderá el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad en toda España.