La entrada en vigor de la normativa europea antideforestación el próximo 1 de enero ha desatado una ola de preocupación entre los fabricantes de pienso españoles y los ganaderos del país. Consideran que esta nueva legislación establece requisitos extremadamente difíciles de cumplir, lo que representa una amenaza significativa para la continuidad de sus negocios.

La nueva ley impone a las empresas la responsabilidad de asegurar que sus productos no contribuyan a la deforestación ni a la degradación forestal. Este mandato afecta a una amplia gama de productos, desde los derivados del ganado hasta el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, el caucho, el carbón vegetal y el papel impreso. En otras palabras, las empresas no podrán comercializar productos elaborados con materias primas provenientes de tierras deforestadas o que hayan sido objeto de degradación forestal.

Además, las compañías deberán demostrar que estos productos cumplen con la legislación vigente en el país de origen, incluidas las normativas relacionadas con los derechos humanos, así como garantizar el respeto de los derechos de las comunidades indígenas afectadas.

En el ámbito de los piensos, la atención se centra particularmente en la producción de soja en América, dado que constituye un componente fundamental en su formulación, como ha destacado Jorge de Saja, director general de la patronal de fabricantes de piensos (Cesfac), en una entrevista con Efeagro.

Sin embargo, la aplicación de esta normativa presenta desafíos significativos, ya que algunos países productores de soja se resisten a cumplir los requisitos establecidos por la Unión Europea. Esta situación ha generado incertidumbre en el mercado internacional, con la suspensión de cotizaciones de materias primas más allá del 31 de diciembre, fecha en la que teóricamente entra en vigor la normativa, lo que podría tener un impacto devastador en el acceso a estos insumos y, en última instancia, en los precios de los productos finales.

Ante esta situación, se espera que varios estados miembros y autoridades comunitarias, incluido el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, aboguen por un aplazamiento de la entrada en vigor de la normativa para permitir un mejor análisis de su impacto y su posible adaptación a la realidad del mercado.

En resumen, la nueva ley antideforestación de la Unión Europea plantea desafíos significativos para el sector ganadero y los fabricantes de pienso, quienes instan a una revisión cuidadosa de su implementación para evitar consecuencias adversas en la cadena de suministro y los precios de los productos agrícolas.