El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, está evaluando la posibilidad de armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que previamente había sido descartada. Esta reconsideración surge en el contexto de las exigencias de la Unión Europea para el desembolso del quinto pago del Plan de Recuperación, valorado en 8.000 millones de euros.

Durante una comparecencia en el Congreso, Montero destacó: "Es obvio que la intención del Gobierno de España, al igual que al nivel internacional, es seguir trabajando en la armonización... de aquellas figuras que pueden ser un elemento a tener en cuenta en la inversión". Esta declaración marca un cambio significativo en la postura del Gobierno respecto a la reforma fiscal.

La propuesta de armonización fiscal, aunque inicialmente negada por Montero, está respaldada por el acuerdo entre el PSOE y Sumar. Este acuerdo contempla la evaluación de los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, con miras a avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza. Esta medida se enmarca en el objetivo de poner fin a la competencia fiscal desleal entre las distintas regiones.

El posible aumento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no ha estado exento de polémica, especialmente en un contexto político marcado por la diversidad de opiniones entre los partidos. Mientras Sumar, ERC, Podemos y Bildu parecen apoyar esta medida, otras formaciones como Junts y el PNV podrían mostrarse en desacuerdo.

El impulso hacia una reforma fiscal más amplia, que incluya la armonización de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, responde tanto a compromisos adquiridos con la Unión Europea como a la necesidad de fortalecer el Estado del Bienestar en España. Sin embargo, su tramitación se vislumbra compleja debido a la polarización política y a las dificultades para alcanzar consensos en el ámbito legislativo.