Gómez está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado. La suspensión ha desatado críticas desde sectores de la izquierda política y mediática, que acusan al magistrado de intentar prolongar deliberadamente el proceso judicial.

Sin embargo, varios magistrados han explicado a El Debate que estas acusaciones son infundadas y que Juan Carlos Peinado no tiene responsabilidad en el error logístico que ha causado el aplazamiento. De acuerdo con las fuentes consultadas, la gestión administrativa del expediente recae en el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), no en el juez. El LAJ, como director de la oficina judicial, es el encargado de gestionar el envío de los documentos necesarios a los órganos judiciales superiores, y el fallo en este caso podría deberse a un despiste o equivocación del personal asignado a esta tarea.

El recurso que faltaba en el expediente es el presentado en julio por el abogado de Gómez, Antonio Camacho, contra una resolución del juez Peinado. La no inclusión de dicho recurso ha sido vista como una omisión administrativa, pero no puede atribuirse al magistrado, ya que las funciones de los jueces se limitan a resolver sobre el fondo de las cuestiones judiciales y a ordenar la remisión de documentos, no a su envío material. Esto es responsabilidad del LAJ, tal como establecen los artículos 225, 227 y 458 de las leyes LECrim y LEC, que regulan la interposición de recursos y el manejo de las actuaciones judiciales.

A pesar de la polémica, los juristas consultados insisten en que el juez Peinado no tiene ninguna relación con el error que llevó a la suspensión del proceso. El caso ha sido seguido de cerca por los medios debido a su relevancia política, ya que Gómez ha sido investigada por presuntos beneficios personales obtenidos por su posición como esposa del presidente del Gobierno. No obstante, Peinado solo está encargado de resolver las cuestiones jurídicas de fondo del proceso, sin intervención directa en la logística del trámite.

Este caso ha generado un intenso debate en torno a la independencia judicial y las presiones políticas, especialmente en un contexto en el que figuras relevantes del ámbito político han cuestionado la labor del juez. Aunque la suspensión del proceso ha dado lugar a especulaciones, todo indica que la falta de un documento fue un error administrativo, sin implicación directa de Peinado en su origen. La defensa de Gómez sigue buscando el archivo definitivo del caso, mientras que el juez y la Fiscalía continúan con la investigación.