El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) ha puesto en conocimiento de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica Informática (CONCITI) una serie de hechos que podrían constituir un delito de intrusismo profesional, involucrando a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La situación se torna compleja tras conocerse que Gómez habría negociado con grandes empresas como Indra, Telefónica y Google para que estas desarrollaran de manera gratuita un software para su máster, según reportó El Confidencial. La controversia radica en que Gómez aparece como firmante del pliego de una licitación destinada a completar dicha herramienta, a pesar de no contar con la cualificación necesaria para ejercer como ingeniera informática.

El Colegio andaluz señala que la elaboración de pliegos técnicos para trabajos de sistemas informáticos es una actividad propia de la profesión de ingeniero técnico en informática, lo cual exige estar en posesión de las titulaciones correspondientes. En el caso de Begoña Gómez, quien se describe como "licenciada en Económicas y Empresariales", dirigir un proyecto de ingeniería informática sin las competencias adecuadas constituiría una vulneración del principio de libertad con idoneidad en las contrataciones públicas.

La denuncia del Colegio de Informáticos apunta a que Begoña Gómez habría permitido la participación en el proyecto licitado de personas sin cualificación en la materia, infringiendo así las normativas pertinentes. Se espera que el Consejo General reciba esta denuncia pronto para evaluar si se inician acciones legales por la presunta comisión de un delito de intrusismo profesional.

A pesar de las acusaciones, Begoña Gómez habría logrado que Indra, Telefónica y Google colaboraran altruistamente en el desarrollo de una aplicación de sostenibilidad para su máster. Sin embargo, al considerar estas empresas que su colaboración había sido excesiva, Gómez, en su calidad de responsable de la Cátedra, habría licitado un pliego para completar la herramienta, una acción que según el Colegio de Informáticos, podría constituir prácticas intrusistas.