La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su carta dirigida a la ciudadanía, la cual se percibe como un ataque al juez encargado de investigar a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En una declaración conjunta, tanto los vocales conservadores como progresistas del CGPJ han pedido al presidente que respete las decisiones judiciales y que se abstenga de hacer valoraciones políticas que puedan dañar las instituciones y la independencia judicial.

El comunicado del CGPJ, emitido tras una reunión de urgencia, subraya la importancia de la independencia judicial como un pilar fundamental de la democracia constitucional. Los vocales han enfatizado la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales deben ser respetadas por todos, especialmente por aquellos que ocupan cargos institucionales. «Hacemos un nuevo llamamiento a la contención y se evite cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional», afirmaron los vocales.

La polémica se originó a raíz de una carta publicada por Sánchez el 4 de junio, en la que cuestionaba la resolución del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar a Begoña Gómez en plena campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo. En la carta, Sánchez insinuaba que la decisión del juez podría estar motivada políticamente para interferir en el proceso electoral. «Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», escribió Sánchez en sus redes sociales.

La publicación de Sánchez ha sido recibida con estupor tanto en el CGPJ como entre algunos ministros de su propio gobierno. La vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han criticado la decisión del juez, considerándola una interferencia en el proceso electoral. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha calificado el proceso como "extraño y burdo".

A pesar de las críticas de Sánchez y sus ministros, el juez Peinado ha defendido su decisión, afirmando que no existe ningún precepto legal que le impida anunciar la citación de Gómez durante la campaña electoral. La Fiscalía Europea ha solicitado parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a Gómez, y que habría recibido fondos europeos.

La respuesta del CGPJ ha sido consensuada por representantes de ambas sensibilidades políticas, un hecho destacado por los vocales conservadores debido a la dificultad de lograr unanimidad en el órgano de gobierno de los jueces. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha criticado la postura del CGPJ, argumentando que la mayoría conservadora se comporta como un actor político que desprestigia a la judicatura. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha subrayado que el CGPJ lleva más de cinco años con el mandato caducado, lo que, en su opinión, mina su credibilidad.