El Tribunal Constitucional ha autorizado que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin la necesidad de contar con el consentimiento de sus padres. Esta decisión, adoptada por el Pleno de la Corte de Garantías, ha sido aprobada con siete votos contra cuatro. La medida, que fue incorporada durante la pasada legislatura por el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, forma parte de la denominada 'Ley Montero' del aborto.

Los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han expresado su desacuerdo con la decisión, anunciando su intención de emitir un nuevo pronunciamiento discrepante. Estos magistrados ya habían manifestado su oposición en análisis previos, emitiendo votos particulares contrarios al resultado mayoritario. La magistrada Laura Borrás, ponente del fallo, ha justificado la decisión utilizando argumentos de la sentencia que, trece años atrás, dio luz verde al aborto según el sistema de plazos contenido en la 'Ley Aído'. En su fallo, Borrás ha citado párrafos literales de dicha resolución con la intención de establecer un precedente doctrinal reforzado este martes.

La mayoría izquierdista del tribunal ha prevalecido nuevamente, rechazando el recurso presentado por más de 50 diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en febrero de ese año. Esta ley modificaba la normativa de 2010 y contenía dos novedades importantes: permitir que las menores de 16 años aborten sin necesidad de informar a sus padres y suprimir el requisito de información médica previa y el período de reflexión de tres días antes de la intervención, establecido desde 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy.