Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se encuentra actualmente bajo investigación judicial desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Esta situación se originó el pasado 16 de abril, momento en el cual Gómez adquirió formalmente la condición procesal de investigada. La existencia de esta investigación y los detalles relacionados han salido a la luz tras levantarse el secreto del sumario el pasado lunes.

El proceso se inició cuando el magistrado Peinado decidió abrir diligencias contra Gómez, notificándole su condición de investigada y ordenando que se informara a su abogado sobre esta situación. El auto del juez, fechado el 16 de abril, subraya la importancia de esta notificación para evitar cualquier posible indefensión de la imputada, conforme a lo estipulado en el artículo 24 de la Constitución Española. Este artículo garantiza el derecho a la defensa y a un proceso judicial con todas las garantías, lo que incluye el derecho a ser informado de los cargos y a disponer de un abogado.

El 24 de abril, en medio de esta situación judicial, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y esposo de Begoña Gómez, hizo pública una «carta a la ciudadanía». En esta misiva, Sánchez anunció que se tomaba un periodo de reflexión sobre su continuidad en el cargo de presidente, un anuncio que coincidió temporalmente con la presentación del escrito de personación por parte del abogado de Gómez, Antonio Camacho. Este último es un reconocido exministro socialista, fiscal de carrera, y ha desempeñado varios cargos importantes en el ámbito de la justicia, incluyendo su paso por el Ministerio del Interior durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Antonio Camacho, en su calidad de abogado defensor, solicitó al juez que instruye el caso la suspensión temporal de las declaraciones previstas para los días 6 y 7 de junio, alegando que estas fechas coincidían con el inicio de un juicio en la Audiencia Nacional en el que también debía participar. Sin embargo, Camacho no presentó pruebas documentales que justificaran su imposibilidad de asistir a las citaciones previstas, lo cual generó ciertos cuestionamientos sobre la validez de su petición.

El juez Peinado, en su auto del 16 de abril, detalló que era necesario notificar a Begoña Gómez sobre su condición procesal de investigada para garantizar sus derechos y evitar cualquier tipo de indefensión. Este auto especificaba también que Gómez debía designar a un abogado y a un procurador que la representaran y pudieran estar presentes en todas las diligencias judiciales que se llevaran a cabo a partir de ese momento. La parte dispositiva del auto del juez reiteraba la necesidad de poner en conocimiento de la persona investigada la apertura de las diligencias previas, con el fin de que pudiera ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva.

Levantamiento del secreto de sumario. El levantamiento del secreto del sumario permitió conocer que tanto Begoña Gómez como su esposo, Pedro Sánchez, estaban al tanto de la situación procesal desde el 16 de abril. Este conocimiento fue crucial cuando el presidente decidió anunciar públicamente, el 24 de abril, su periodo de reflexión respecto a su continuidad en el cargo. En su «carta a la ciudadanía», Sánchez describió la situación como un «ataque sin precedentes», calificándola de «grave y burda» y manifestando su necesidad de tomarse unos días para reflexionar junto a su esposa. Durante este periodo de reflexión, miles de simpatizantes socialistas se congregaron en la calle de Ferraz para expresar su apoyo al presidente y pedirle que continuara al frente del Ejecutivo. Finalmente, el 29 de abril, Pedro Sánchez anunció que seguiría en su puesto como presidente del Gobierno, respondiendo así al clamor de sus seguidores.

Paralelamente, la investigación judicial sobre Begoña Gómez continuaba su curso. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que formaba parte de las diligencias, no encontró hasta el momento pruebas concluyentes que respaldaran las acusaciones de tráfico de influencias presentadas por el sindicato Manos Limpias. Este sindicato había denunciado presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias relacionados con Gómez, pero las indagaciones realizadas por la UCO no lograron establecer una conexión directa. El análisis encargado por el juez Peinado señalaba que el único vínculo aparente entre Gómez y el grupo empresarial Globalia, propietario de Air Europa, era la coincidencia de Gómez con Javier Hidalgo, uno de sus directivos, en dos eventos celebrados en 2020. Estos eventos fueron organizados por Wakalua, una filial del grupo Globalia.

Las investigaciones continúan en busca de más evidencias que puedan arrojar luz sobre los hechos. La defensa de Gómez, liderada por Antonio Camacho, mantiene su postura de que no existen fundamentos sólidos para las acusaciones y que la situación procesal de Gómez se resolverá a su favor. Camacho ha destacado la carrera profesional y el compromiso de Gómez con la transparencia y la ética en los negocios, subrayando que la imputación actual no debería ser vista como un indicio de culpabilidad.

El contexto político en el que se desarrolla esta investigación ha añadido una capa de complejidad a la situación. La condición de investigada de Begoña Gómez se produjo en un momento crítico para el Gobierno de Pedro Sánchez, quien ya enfrentaba diversos desafíos tanto en el ámbito nacional como internacional. La decisión de Sánchez de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su continuidad fue interpretada por muchos como un intento de manejar la crisis política derivada de la situación judicial de su esposa. Este episodio ha suscitado un intenso debate público y mediático, con opiniones divididas sobre la legitimidad de las acusaciones y el impacto que estas podrían tener en la estabilidad del Gobierno.