En este recurso, argumenta la existencia de un "derecho al ocio y descanso" para justificar los retrasos en la presentación de alegaciones en un procedimiento judicial que involucra registros policiales realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La magistrada Beatriz Biedma ha confirmado la legalidad de tres registros llevados a cabo por la UCO en los últimos meses en busca de documentación relacionada con el caso. Cortés, a inicios de septiembre, había solicitado que se destruyeran correos electrónicos del hermano de Sánchez que fueron intervenidos durante estos registros. Sin embargo, su petición fue rechazada por la juez debido a que fue presentada fuera del plazo establecido, transcurriendo tres semanas desde la decisión judicial, según informa The Objective.

Justificación de los Retrasos

Cortés argumenta que el mes de agosto debe considerarse un "periodo inhábil" para la interposición de recursos, una afirmación que intenta justificar el tiempo que tardó en presentar el recurso. En su nuevo escrito, el abogado enfatiza que los profesionales del derecho, especialmente los abogados penalistas, deberían tener el derecho al ocio, que considera menospreciado en la práctica judicial. "Este sacerdocio en el Derecho Penal parece que depende de la función que se escoja", sostiene Cortés, destacando que los abogados deben equilibrar su vocación con su derecho a descansar.

Este argumento no es nuevo para la magistrada, quien ha respondido previamente a Cortés en varios autos. En uno de ellos, fechado el 19 de septiembre, la juez le recrimina que ha trabajado en agosto para evitar un colapso en el procedimiento judicial, enfatizando que la celeridad en el proceso beneficia la correcta instrucción del caso. Biedma afirma que su ritmo de trabajo ha sido perjudicial para su propio descanso y el de los demás profesionales involucrados, pero ha priorizado la eficiencia del procedimiento para evitar acumulaciones de escritos y recursos.

Análisis de correos intervenidos

Mientras tanto, la UCO continúa su labor de análisis de los correos electrónicos de los altos cargos de la Diputación de Badajoz que participaron en la contratación de David Sánchez en 2017. Hasta la fecha, están revisando más de 44 millones de archivos en busca de evidencias sobre la posible filtración de requisitos para la plaza que se le adjudicó y si algún alto cargo le autorizó a trabajar fuera de las instalaciones oficiales justo antes de que surgieran denuncias sobre absentismo laboral.

Implicaciones del caso

Este caso ha suscitado un gran interés mediático debido a la cercanía de David Sánchez con el presidente del Gobierno y las implicaciones que podrían tener sobre la imagen del actual Ejecutivo. La continua búsqueda de información sobre la contratación y el uso de los recursos públicos en la Diputación de Badajoz mantiene a la opinión pública atenta, mientras las acusaciones de irregularidades y favoritismo se investigan.

El uso del "derecho al ocio" como argumento por parte del abogado Cortés ha abierto un debate sobre la carga de trabajo en el ámbito judicial y los derechos de los profesionales del derecho, un tema que, aunque no es nuevo, ha adquirido un matiz especial en este caso dada la relevancia de los protagonistas.

Con el proceso aún en marcha, los próximos pasos del juez Biedma y las decisiones que tome el tribunal serán determinantes no solo para el futuro de David Sánchez, sino también para la imagen del Gobierno español y la confianza pública en las instituciones.