El Gobierno ha expresado públicamente su satisfacción por las reuniones sostenidas entre el empresario Juan Carlos Barrabés y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa Begoña Gómez, quien es socia de Barrabés. En un intento por disipar cualquier especulación, desde Moncloa se ha afirmado categóricamente que la agenda del presidente "nunca es secreta". La ministra portavoz, Pilar Alegría, señaló: "La agenda del presidente es pública y privada, pero nunca es secreta", buscando poner fin a las dudas sobre la transparencia de estas reuniones.

Es importante destacar que, aunque los detalles de las personas que acceden al Palacio de la Moncloa se registran, este registro no está disponible para el público. En este caso específico, el conocimiento de las reuniones con Barrabés se debió a una investigación judicial en curso, lo que permitió que la información trascendiera al dominio público. Sin esta circunstancia, probablemente estos encuentros no habrían sido de conocimiento general.

El Ejecutivo ha defendido firmemente estos encuentros, utilizando los argumentos del Partido Socialista para justificar las reuniones entre el presidente y el empresario. Insisten en que no hay motivo de preocupación ni irregularidades. Pilar Alegría subrayó: "Son constantes las reuniones del presidente con empresarios. En el caso de Barrabés, es un empresario conocido, pionero y precursor del comercio electrónico que también se ha reunido con máximos dirigentes de todos los partidos". De este modo, el Gobierno intenta enmarcar estos encuentros dentro de una práctica habitual y aceptada.

El PSOE ha reiterado su posición de que no hay caso ni irregularidades, enfatizando que las denuncias surgidas provienen de organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte Oír. Alegría añadió: "Conocemos los dos informes de la UCO de la Guardia Civil que trasladan que no hay nada. Son dos informes que han desmontado los bulos y las mentiras con las que se realizaron estas denuncias". Con esto, el Gobierno busca desestimar cualquier acusación al destacar la falta de evidencia en los informes oficiales.

Este lunes, el PSOE evitó responder directamente sobre la presencia de Begoña Gómez junto a su esposo y Barrabés en la Moncloa. Sin embargo, Barrabés declaró ante el juez que se reunió en dos ocasiones con el matrimonio en la sede presidencial. Fuentes presentes en la testifical de Barrabés indicaron que el empresario, quien compareció por videoconferencia debido a problemas de salud, afirmó conocer a Pedro Sánchez desde 2015. Este contacto inicial se produjo tres años antes de que Sánchez asumiera la presidencia, y posteriormente estableció una relación con Begoña Gómez, quien ahora es objeto de una investigación judicial por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Desde el PSOE y el Gobierno se intenta minimizar la atención mediática sobre este asunto, destacando la normalidad de los encuentros y subrayando que los tres "se conocen" desde hace tiempo. No obstante, la investigación judicial a cargo del juez Juan Carlos Peinado continúa su curso. Este viernes, Begoña Gómez deberá comparecer para rendir declaración, lo que mantiene la atención pública sobre el caso. Para el PSOE, esto representa un intento de la derecha mediática, política y judicial de perjudicar la imagen de la familia del presidente.

El Ejecutivo y Moncloa buscan opacar el impacto informativo de la investigación, argumentando que cualquier resultado judicial será utilizado por la oposición para atacar al Gobierno. En este sentido, el recorrido judicial que enfrenta Begoña Gómez es visto como un obstáculo que ya genera hastío dentro del Partido Socialista y en el Gobierno, quienes se sienten incapaces de cambiar el enfoque de la agenda pública.

En resumen, la defensa del Gobierno se basa en la afirmación de que las reuniones de Pedro Sánchez con empresarios son habituales y que no hay secretos en su agenda. Además, recalcan la falta de pruebas en las denuncias y señalan un supuesto sesgo político detrás de estas acusaciones. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso, manteniendo el tema en el centro del debate público.