El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que busca que el Gobierno español se sume a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esta iniciativa, liderada por Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, cuenta con el respaldo de toda la cúpula del grupo parlamentario y solicita que el Ejecutivo español apoye la investigación que se sigue en contra de Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad.

La propuesta del PP insta al Gobierno a emitir un comunicado público dirigido a Maduro, exigiendo el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. Además, solicita que se apoyen los informes de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. Dentro de las acciones que requiere esta proposición también está la elaboración, en un plazo de un mes, de un informe sobre el trabajo de la embajada española en Caracas en defensa de los derechos de los españoles afectados por estos crímenes.

EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Esta petición del PP se produce en sintonía con la reciente declaración de más de treinta exmandatarios de Iberoamérica y España, quienes también han solicitado la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello. Entre los firmantes de este documento se encuentran los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, junto a figuras de otros países como Álvaro Uribe, Iván Duque, Mauricio Macri y Vicente Fox.

Durante la presentación del informe, el expresidente colombiano Andrés Pastrana declaró que "por primera vez, 31 expresidentes y exjefes de Estado de América Latina y España firman un documento pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela". En este documento firmado por una treintena de expresidentes, no figura el nombre del exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido cercano el régimen de Maduro en los últimos años. 

El documento presentado a la Fiscalía de la CPI argumenta que el régimen de Maduro, a través de una estructura militar dirigida por él como comandante en jefe, ha implementado lo que describen como una política de "terrorismo de Estado". Los firmantes sostienen que tanto los hechos ocurridos antes como después de las elecciones presidenciales de Venezuela en julio pasado forman parte de esta estrategia de represión. En este contexto, hacen referencia a la reciente orden de aprehensión emitida contra el opositor Edmundo González Urrutia, quien es considerado el "verdadero presidente electo".

El informe detalla que, desde 2014, Venezuela ha estado bajo el escrutinio de la CPI, que en noviembre de 2021 abrió formalmente una investigación tras recibir denuncias de países como Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay. Estas denuncias acusan al régimen venezolano de crímenes de lesa humanidad cometidos desde febrero de 2014. Sin embargo, la Fiscalía de la CPI ha mantenido la confidencialidad de su investigación y ha señalado que sigue "monitoreando activamente" la situación en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2023.

A pesar de la victoria autoproclamada de Maduro en esas elecciones, la falta de transparencia y la negativa de algunos países a reconocer los resultados han intensificado el escrutinio internacional.