El Partido Popular de Cantabria ha dado un paso crucial en la defensa de la convivencia democrática con su proposición no de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada en 2021 por el anterior gobierno PRC-PSOE. Esta ley, desde su origen, ha sido una imposición de los socialistas sin consenso alguno, un ejercicio de unilateralismo que ha generado una profunda fractura social en la región. Frente a este panorama, el PP ha decidido actuar en favor de lo que consideran «sano para la democracia» y beneficioso para la convivencia social, al proponer la eliminación de una norma que califican como sectaria y carente de legitimidad social.

El contexto en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica de Cantabria ya mostró señales claras de que se trataba de una iniciativa impuesta, sin escuchar a ninguna de las fuerzas de oposición ni a los sectores de la sociedad que presentaban visiones críticas. De hecho, tal y como ha recordado el diputado regional y senador autonómico Íñigo Fernández, la tramitación de la ley se realizó sin diálogo y sin aceptar ninguna de las 160 enmiendas que la oposición presentó en su momento. Para el PP, este comportamiento del gobierno de coalición PRC-PSOE fue una muestra inequívoca de que la ley respondía a intereses políticos y partidistas, más que a un verdadero afán de reconciliación y justicia histórica.

El Partido Popular ha subrayado que uno de los principales problemas de la ley es su intento de imponer un relato oficial de lo sucedido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, a través de la creación de una Comisión de la Verdad. Según el PP, esta comisión no solo tendría la función de elaborar una versión única de los hechos, sino que también impondría sanciones a quienes discrepen de esa narrativa. Fernández ha señalado que «en una sociedad democrática del siglo XXI no puede existir una Comisión de la Verdad en la que cinco miembros nombrados por el Gobierno elaboren un relato de lo ocurrido hace 85 años y obliguen a toda la sociedad a comulgar con él». Esta es una de las críticas más contundentes del PP, ya que consideran que este tipo de estructuras son propias de regímenes autoritarios y no de democracias consolidadas como la española.

Otro de los aspectos más controvertidos de la ley, según el PP, es el «adoctrinamiento» en las aulas a través de una asignatura diseñada por la propia Comisión de la Verdad, sin contar con la participación ni el consenso del profesorado. Para el Partido Popular, esto supone una intromisión inadmisible en el sistema educativo, que en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la pluralidad de ideas, impone una visión única y parcial de la historia. Esta imposición ideológica es, en palabras de Íñigo Fernández, «propia de una dictadura comunista, pero no de una sociedad europea y democrática».

El PP también ha puesto de relieve las desigualdades que establece la ley en cuanto al tratamiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Según Fernández, la ley distingue entre «víctimas de primera y de segunda» en función de su ideología, lo que rompe con el principio básico de igualdad ante la ley. Para el Partido Popular, todas las víctimas merecen el mismo respeto y consideración, independientemente de su afiliación política, y es inaceptable que se utilice el dinero público para financiar asociaciones que promueven este tipo de divisiones. Esta diferenciación ideológica, afirman, no tiene cabida en una sociedad que aspira a la reconciliación y la unidad.

A pesar de la firme oposición a la Ley de Memoria Histórica, tal y como fue concebida, el PP ha dejado claro que mantendrá su compromiso con los procedimientos de localización y exhumación de víctimas, tal y como lo establece la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria. Para el PP, no se trata de negar el derecho de las familias a encontrar a sus seres queridos, sino de garantizar que estos procesos se lleven a cabo de forma justa y sin imposiciones ideológicas. Fernández ha subrayado que «a nadie se le niega ese derecho», pero ha matizado que actualmente no hay ningún procedimiento abierto debido a la falta de solicitudes en la región.

En cuanto a la custodia del material documental relacionado con la memoria histórica, el PP ha garantizado que quedará debidamente protegido y disponible para los investigadores, pero sin las restricciones impuestas por la ley actual. El objetivo, según los populares, es asegurar que los historiadores y académicos puedan trabajar con libertad, sin que se les dicte de antemano cuál debe ser el resultado de sus investigaciones. Este enfoque, aseguran, permitirá un estudio más riguroso y plural de los hechos históricos, en lugar de imponer una única verdad oficial.

Finalmente, el Partido Popular confía en que la derogación de la ley suscitará un consenso mucho mayor que su aprobación original. A diferencia de lo que ocurrió en 2021, cuando el PRC y el PSOE impusieron la ley sin escuchar a nadie, el PP asegura que su propuesta se basa en el sentido común y en el respeto a la convivencia. Para Fernández, España y Cantabria tienen hoy «retos mucho más importantes» que dedicar el debate político a que unos impongan a otros un relato de lo que ocurrió hace 85 años. Con esta propuesta de derogación, el PP pretende dejar atrás la división y el enfrentamiento, y centrarse en los problemas reales que afectan a los ciudadanos, promoviendo una sociedad más unida y democrática.

El PSOE acusa al PP de «atacar los derechos» 

El Partido Popular ha sido claro en su denuncia contra la postura del PSOE sobre la Ley de Memoria Histórica, evidenciando la obsesión de los socialistas por mantener divisiones en la sociedad. El portavoz socialista, Mario Iglesias, ha calificado la propuesta del PP de derogación como un «ataque a nuestros derechos», pero parece olvidar que lo que realmente está en juego es la libertad de todos los cántabros de no someterse a un relato único e impuesto por la izquierda.

Mientras Iglesias habla de «cerrar heridas», lo cierto es que la ley promovida por el PRC-PSOE en 2021 no ha hecho más que abrir nuevas, utilizando el pasado como arma política. El PSOE parece más interesado en reabrir viejas fracturas que en promover una verdadera reconciliación. ¿Por qué una Comisión de la Verdad que impone una única versión de los hechos? ¿Por qué subvencionar solo a unas víctimas y olvidar a otras, dependiendo de su ideología? Estas son preguntas que Iglesias no responde.

Además, el socialista acusa al Gobierno de Cantabria de «inacción» en las exhumaciones, pero no menciona que no ha habido solicitudes para realizar estas acciones en el último año. Esta insistencia en imponer su visión histórica muestra que, para el PSOE, es más importante el control ideológico que la justicia imparcial. El PP, por su parte, apuesta por una sociedad más unida y libre de relatos manipulados, donde todas las víctimas sean reconocidas sin distinciones partidistas. El intento del PSOE de frenar la derogación solo demuestra su miedo a perder una herramienta de adoctrinamiento, más que una preocupación real por las víctimas.