El fiscal general del Estado ha recibido el escrito de los fiscales del procés y ha convocado a la Junta de fiscales de Sala, conocida como el 'generalato' de la Carrera, para resolver el conflicto el próximo martes. Los fiscales Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena han reafirmado que no acatarán la instrucción de "inmediato y obligado cumplimiento" que Álvaro García Ortiz, titular del Ministerio Público, distribuyó este viernes a la Carrera, sobre la interpretación de la Ley de Amnistía a los condenados y procesados del separatismo catalán.

Los fiscales del 1-O ante el Supremo han respondido a su superior jerárquico que "los argumentos expuestos para justificar la aplicación incondicional de la Ley de Amnistía a los hechos constitutivos de malversación" en el caso del líder de Junts, Carles Puigdemont, no "desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados" en sus informes, y sostienen que las razones de García Ortiz son "manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida".

Señalan además que la orden es "improcedente" y "contraria a las leyes" al no ajustarse a los criterios "más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal". Han planteado un conflicto ante la Junta de fiscales de Sala, de acuerdo al artículo 27 de su Estatuto Orgánico (EOMF), para que sea el 'generalato' de 38 fiscales quien resuelva la disputa el martes a las 09:30. El conflicto se centra en el artículo de la Ley de Amnistía que excluye de su aplicación aquellas conductas delictivas donde el desvío de fondos públicos haya resultado en un enriquecimiento ilícito.

Para los fiscales del 1-O, este precepto se refiere a la apropiación de fondos en beneficio propio, destinados a fines ajenos a los legalmente establecidos, lo que ocurrió con el dinero usado para financiar el proyecto soberanista, que quedaría excluido de la amnistía. García Ortiz considera que los fiscales están confundiendo el concepto de "ánimo de lucro", necesario para el delito de malversación, con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" que la Ley de Amnistía no amnistía. El fiscal general, cuestionado por el cerco judicial en el caso de la revelación de secretos del novio de Díaz Ayuso, ha dictado un decreto en el que se declara que "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas objeto de la causa, así como levantar las medidas cautelares respecto de algunos encausados".

Esto implica que García Ortiz sostiene que se debe permitir que el prófugo Carles Puigdemont regrese a España sin riesgo de ser detenido para tomar posesión de su acta como diputado del Parlament, tras las últimas elecciones autonómicas de Cataluña.