Los fiscales responsables de los casos relacionados con el Procés han presentado una respuesta formal en la que rechazan la posibilidad de aplicar la amnistía a los delitos de malversación de fondos públicos. Según el escrito al que ha tenido acceso El Debate, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, del Tribunal Supremo, indican que "los hechos a los que se refiere este procedimiento eran amnistiables en lo que concierne a los constitutivos de desobediencia y desórdenes públicos, pero no lo eran por el contrario los hechos constitutivos de malversación de fondos públicos".

En este documento, que responde al plazo de cinco días otorgado por el fiscal general Álvaro García Ortiz para la elaboración de un "informe procesal" sobre la aplicación de la nueva ley de amnistía, los fiscales argumentan que la misma ley impide la amnistía por malversación en este caso específico. Esto se debe a una de las excepciones previstas en la ley, que señala que la amnistía no se aplica si ha existido "propósito de enriquecimiento". Además, los fiscales sostienen que "los hechos objeto de esta causa tampoco pueden ser amnistiados al estar excluidos de la aplicación de la ley por afectar a los intereses financieros de la Unión Europea".

En el texto, los fiscales subrayan que es "indudable" que Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa "sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España".

Pese a su postura firme, los fiscales advierten al fiscal general García Ortiz que, si él considera que la amnistía debe aplicarse a estos casos, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada". En caso de discrepancia, los fiscales del Supremo planean acudir a la Junta de Sala para resolver el conflicto, conforme a lo establecido en su reglamento.