En una acción legal significativa, el Ministerio Público ha instado este miércoles al Tribunal Supremo (TS) a aplicar la reciente ley de amnistía a los delitos de malversación y desobediencia imputados a los líderes del movimiento independentista conocido como el ‘procés’. Esta solicitud incluye figuras prominentes como el ex presidente catalán Carles Puigdemont y varios ex consejeros procesados en rebeldía, entre ellos Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

El escrito presentado ante el alto tribunal, firmado por la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, destaca la petición de levantar las órdenes nacionales de detención vigentes contra Puigdemont, Puig, Ponsatí y Rovira, así como el archivo de la causa que los involucra. Según el documento obtenido por Europa Press, esta acción sigue la directriz del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien en días previos obtuvo el respaldo de la Junta de Fiscales para esta estrategia legal.

En su informe al TS, los fiscales argumentan que la malversación imputada en el proceso no afectó directamente a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), factor crucial para la amnistía según la ley recientemente promulgada. Según ellos, el desvío de fondos públicos tuvo como único fin financiar y facilitar las consultas independentistas de noviembre de 2014 y octubre de 2017, sin buscar un enriquecimiento personal o patrimonial directo.

"Es lógico concluir que se deben amnistiar los delitos de malversación cuando el desvío de fondos se limita a financiar las consultas", explica el informe fiscal. No obstante, matizan que cualquier otra finalidad económica o patrimonial perseguida por los acusados no sería susceptible de amnistía bajo esta normativa.

La posición de los fiscales del TS contrasta con la de los fiscales del juicio original del 1-O, quienes argumentaron que la malversación del procés no era amnistiable debido a su potencial impacto en los intereses financieros de la UE y al ánimo de lucro detrás de la conducta de los encausados.